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La juez en Materia de Corrupción dictó detención judicial a 10 de los implicados en la nueva línea de investigación sobre corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Los detenidos fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional de Támara. La audiencia inicial quedó programada para el próximo jueves 6 de diciembre a las 9:30 am.
Leonardo Villeda Bermudez, acusado por tres delitos se le dio la medida cautelar de casa por cárcel.
El Ministerio Público (MP) acusó a 12 miembros de la exjunta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por aprobar la compra de equipo sobrevalorado en un 114 por ciento.
Así lo informó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) el martes en Tegucigalpa.
El caso, denominado “Licitación Fraudulenta del Seguro Social”, fue indagado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic) y expertos de la MACCIH, anunció este martes en rueda de prensa el vocero de la Misión, Luis Antonio Guimarães.
Los miembros de la exjunta directiva del Seguro Social son acusados por presunto fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio del Estado, señaló.
“En este caso la Fiscalía presenta pruebas para comprobar que los acusados licitaron y compraron equipamiento que no era una necesidad real de la seguridad social, muchos de estos equipos aún se encuentran en bodegas sin ser usados hasta hoy”, explicó.
Los acusados son Carlos Montes Rodríguez, Javier Pastor, Leonardo Villeda Bermúdez, Óscar Galeano, Armando Villatoro, estos tres ya detenidos; Benjamín Bográn, Fabricio Valentín Vásquez, José Hilario Espinoza, Luis Alonzo Mayorga, José Humberto Lara, José Manuel Espinal y Óscar Arnaldo Carranza.
El vocero de la MACCIH indicó que el Seguro Social hondureño “no tenía capacidad de hacer la compra”, y aseguró la misma se hizo “solo para favorecer a la empresa intermediaria Distribuidora Metropolitana (Dimesa).
“Adquirieron equipos médicos sobrevalorados en un 114 por ciento del valor del mercado y adquirieron contratos que obligan al Instituto de Seguridad Social a pagar mensualmente el mantenimiento del equipo, a pesar que varios de estos equipos médicos aún se encuentran en bodegas sin ser utilizados”, agregó.
Aseguró que el “trabajo minucioso y altamente profesional” de la Ufecic con el apoyo de la Maccih está “dando cada vez más frutos en la lucha anticorrupción, provenga de donde provenga” en cumplimiento al convenio firmado el 19 de enero de 2016 entre el Gobierno hondureño y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según la investigación, en abril de 2011 los exdirectivos del Seguro Social aprobaron una licitación internacional para la adquisición, reparación y mantenimiento de equipos médicos y adjudicaron un contrato a la empresa Dimesa por 95,2 millones de dólares.
Sin embargo, el equipo investigador estableció que ese contrato con Dimesa no debió aprobarse porque “no existió un estudio que permitiera establecer el equipo a adquirir atendiendo las necesidades de la institución”.
“Esta contratación fue efectuada sin que se hiciera un estudio real de la repercusión del proyecto de modernización del equipo biomédico tanto en la infraestructura, turnos de atención y ajustes en la parte económica”, indicó la MACCIH en un comunicado.
Ante ello, la compra del equipo se realizó “mediante los fondos provenientes del Régimen de Validez, Vejez y Muerte al Régimen de Enfermedad y Maternidad”, ya que la entonces junta directiva conocía “la no disponibilidad presupuestaria” del Seguro Social, añadió.
