Advierten nuevos escenarios de violaciones a los derechos humanos en Honduras

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) señaló al Estado hondureño de incumplir su obligación internacional de reconocer, delimitar, demarcar y titular las tierras que le corresponden a las comunidades indígenas y afro-hondureños.

El ente estatal advirtió que ese incumplimiento del Estado hondureño repercute en nuevos escenarios de violaciones a derechos humanos contra este sector de la población.

De esta forma se refirió el Conadeh luego que 38 policías y 15 soldados de la Fuerza Naval cumplieron una orden de desalojo.

El hecho ocurrió el pasado 7 de noviembre,  a la comunidad garífuna de Punta Gorda, Islas de la Bahía, en el Caribe hondureño.

Durante el desalojo, se produjeron hechos violentos donde resultaron personas lesionadas, incluidas mujeres y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Además, seis detenidos y privadas de su libertad.

Detenidos

El CONADEH constató que, en las oficinas del Centro Integrado Expedito de Justicia Interinstitucional (CEIN), se encontraban detenidos: Richard Armando Martínez, Augusto Moisés Dolmo, Efraín Sánchez, Keider Tishany Gonzales y las señoras Melissa Fabiola Martínez y Dorotea Arzú y que, dos de las personas detenidas presentaban lesiones recientes en sus cuerpos.

“Esta Defensoría del Pueblo condena el uso excesivo de la fuerza, prescindiendo absolutamente de los principios elementales de necesidad, legalidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”, reza el comunicado.

Asimismo, advierte que, con dicha conducta policial, el Estado compromete su responsabilidad internacional, frente a eventuales hechos internacionalmente ilícitos que sean reclamados por particulares afectados.

En el documento, exhorta a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) a realizar una investigación seria, efectiva e imparcial; debe buscar la existencia de faltas cometidas por parte de los miembros de la carrera policial, involucrados en el desalojo preventivo.

Añade que, en caso de existir suficientes indicios de la comisión de delitos, remita los antecedentes de mérito al Ministerio Público, para que se realice la investigación judicial con la debida diligencia y se deduzcan las responsabilidades penales a que hubiere lugar.

El 8 de noviembre, el CONADEH observó la audiencia de declaración de imputados contra las personas detenidas; todas ellas acusadas de usurpación en el Juzgado Departamental de Letras de Islas de la Bahía. Ese día tomó nota de la adopción de medidas diferentes a la prisión preventiva contra las y los miembros de la comunidad Garífuna.

Uso indebido del derecho penal contra defensores de derechos humanos

Preocupación

En el comunicado, el CONADEH reitera su preocupación por el uso indebido del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos. Medida mediante la aplicación inadecuada de tipos penales como la usurpación.

Por esta causa, exhortó a la autoridad judicial a examinar el contexto de incumplimiento de las sentencias Comunidad Garífuna de Punta Piedra. Asimismo a sus Miembros y Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros.

Ambas sentencias emitidas contra el Estado de Honduras por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en las que se refiere que el Estado “[…] debe proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad en dominio pleno y en garantía de ocupación”.

El CONADEH también observa con preocupación el crecimiento de la interposición de quejas contra la autoridad administrativa. Las cuales están alegando infracciones a la propiedad privada, cuya adquisición se habría hecho de buena fe, previo a la emisión de las sentencias supra mencionadas.

76 medidas de reparación dictadas por la Corte IDH pendientes de cumplimiento.

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Exhortación

La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre exhortó al Estado hondureño a cumplir sin dilaciones las sentencias de la Corte IDH.

Desde 1988 a octubre del 2022, el Estado hondureño se sometió a sentencia en 17 casos contenciosos por la Corte IDH. Actualmente 14 casos se encuentran en etapa de cumplimiento y tres ya fueron archivados.

Además, en 13 de las sentencias, aún abiertas, hay 117 medidas de reparación dictadas por la Corte IDH.  De las cuales 34 están cumplidas, 4 cumplidas parcialmente y 76 pendientes de cumplimiento.

Hasta ahora, el incumplimiento del Estado hondureño en su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos alcanza el 100% de las sentencias emitidas por la Corte IDH.