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Donald Trump ha logrado su primera victoria parlamentaria en el terreno que más le gusta pisotear: la inmigración. La Cámara de Representantes ha aprobado dos leyes que materializan sus proclamas más extremas. Un mazazo doble que, si el Senado lo confirma, elevará hasta 10 años de cárcel la condena a los indocumentados que insistan en regresar a EEUU tras su deportación, pero que también le permite retirar fondos a ese gran frente de resistencia que han creado las ciudades rebeldes a su política migratoria, como Los Ángeles, Nueva York o Chicago.
Trump necesitaba un éxito. No importaba que fuese pequeño o provisional. En las últimas semanas no ha logrado marcar con claridad sus pasos en la arena. Su veto migratorio sólo ha salido parcialmente adelante, la reforma sanitaria no encuentra mayoría en el Senado y el prometido recorte fiscal aún no ha superado la fase de borrador. Tiene mayoría absoluta en ambas cámaras, pero la sensación de que el presidente se mueve con excesiva lentitud en aguas parlamentarias es generalizada.
La política migratoria no escapa a esta percepción. Aunque en el terreno de lo inmediato han subido las detenciones de indocumentados y se ha reducido el trasiego ilegal en la frontera, la plasmación política de las promesas de Trump se ha estrellado con la resistencia de las ciudades santuario. Una constelación de urbes e incluso un Estado como California, que se niegan a cumplir al pie de la letra los dictados en materia migratoria. Frente a las cada vez mayores y más duras exigencias de Washington, evitan las identificaciones indiscriminadas y rechazan entregar migrantes a las autoridades federales sin orden judicial. Aparte del desacuerdo ideológico, esta actitud tiene una explicación práctica: se trata de poblaciones con enormes bolsas de indocumentados y donde las medidas abrirían una brecha insalvable entre los poderes locales y esa masa de ciudadanos (sólo en Los Ángeles viven cerca de 800.000 sin papeles).
Trump y su fiscal general, el halcón Jeff Sessions, no han dejado de atacar este frente. Sessión ha calificado a las ciudades santuario de “amenaza para la seguridad pública” y el propio presidente lanzó una orden ejecutiva destinada a retirar fondos a aquellas que no colaborasen. La directiva, como ya viene siendo habitual en la era Trump, chocó con el muro judicial. Un magistrado de San Francisco la bloqueó provisionalmente por su presunta inconstitucionalidad.
Perdido el frente judicial y enfrentado a una creciente resistencia política, la siguiente vuelta de tuerca de Trump ha llegado con la aprobación de dos leyes que, en un país con 11 millones de indocumentados, tiene como fin endurecer sus condiciones de vida. La primera es un obús dirigido a las ciudades rebeldes. La norma, bautizada Ningún santuario para los criminales, que ganó por 228 votos sobre 195, les exige cumplir con las órdenes de arresto federales, por ejemplo, extendiendo la retención de un emigrante sospechoso 48 horas más de lo que establece la ley penal. En caso de no cooperar, la iniciativa permite retirar fondos a estas urbes y abre las puertas a que las víctimas de delitos cometidos por inmigrantes sin papeles les denuncien.
La otra carga de profundidad es la Ley Kate. Llamada así por el caso de Kate Steinle, muerta a tiros hace dos años en el embarcadero de San Francisco por un mexicano con antecedentes que había sido deportado cinco veces, la norma aumenta las penas a quienes reinciden en la entrada ilegal a Estados Unidos. Así, un indocumentado que haya sido deportado más de dos veces y sea sorprendido nuevamente puede enfrentarse a una pena de hasta 10 años de cárcel. Y si tiene un antecedente por un delito grave o tres faltas basta que vuelva a ser sorprendido una sola vez para una condena similar. Esta ley pasó el filtró de la Cámara de Representantes por 257 votos frente a 167. El total de escaño republicano suma 241 y el de demócratas 194.
Ambas medidas, el ataque a los santuarios y el castigo de los reincidentes, forman parte del núcleo duro del discurso de Trump. Para su presentación ante la Cámara de Representantes, el presidente ha empleado toda su artillería. Se ha reunido con familiares de víctimas, ha presionado a los congresistas y se ha volcado como pocas veces en Twitter.
“Ustedes perdieron a la gente a la que querían porque nuestro Gobierno rehuyó hacer cumplir las leyes migratorias. Durante años, los expertos, los periodistas, los políticos de Washington rehusaron escuchar vuestras voces, pero ahora serán oídas en todo el mundo. No murieron en vano”, afirmó Trump en una reunión con parientes de fallecidos por ataques de indocumentados.
Pese a su vehemencia, el éxito en la Cámara de Representantes es sólo provisional. Las leyes tienen aún que sortear el mayor escollo: el Senado. Ahí la mayoría republicana es exigua (52 frente a 48) y los textos corren el riesgo de naufragar. Ya ocurrió el año pasado con la Ley Kate. De volver a pasar, la debilidad parlamentaria de Trump quedaría en evidencia.
(Fuente: EL País)
