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(Washington D.C).-Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras no han abordado de manera eficaz la violencia y la discriminación arraigada contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), y esto hace que muchas soliciten asilo en Estados Unidos, señaló Human Rights Watch en un informe que se divulgó hoy.
Sin embargo, como resultado de políticas implementadas por la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump, a esas personas les ha resultado casi imposible conseguir asilo.
El informe de 169 páginas, “‘Vivo cada día con miedo’: Violencia y discriminación contra las personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras y obstáculos al asilo en Estados Unidos”, documenta la violencia que experimentan personas LGBT en los tres países del Norte de América Central que conforman el denominado Triángulo Norte, por parte de pandillas, funcionarios de aplicación de la ley y sus propias familias, entre otros.
Human Rights Watch concluyó que los gobiernos del Triángulo Norte no brindan una protección adecuada a las personas LGBT contra la violencia y la discriminación, y que estas deben sortear graves obstáculos si intentan obtener asilo en Estados Unidos.
“Las personas LGBT en el Triángulo Norte enfrentan altos niveles de violencia que sus propios gobiernos al parecer no pueden ni quieren abordar”, señaló Neela Ghoshal, investigadora sénior sobre derechos de las personas LGBT de Human Rights Watch. “Para algunas personas LGBT de la región, pedir asilo en Estados Unidos es la única esperanza de seguridad. Pero el gobierno de Trump lo impide de todas las maneras posibles”.
Human Rights Watch entrevistó a 116 personas LGBT provenientes de los tres países. Algunas indicaron haber sufrido violencia por parte de familiares lo que originó que se fueran del hogar, en ciertos casos a muy temprana edad, con apenas ocho años. Otras contaron incidentes de acoso y discriminación que hicieron que dejaran la escuela.
Muchas señalaron que el rechazo familiar y la discriminación las llevaron a una situación de marginación económica, particularmente en el caso de las mujeres trans, y era probable que la pobreza agravara el riesgo de sufrir violencia.
A veces, las personas LGBT enfrentan violencia y discriminación por parte de los propios funcionarios de aplicación de la ley que tienen la responsabilidad de brindarles seguridad. Carlos G., un refugiado gay que viajó a Estados Unidos desde Honduras en 2018, señaló que había recibido disparos por parte de pandilleros, quienes le dijeron: “Hoy vas a morir, marica”.
No se atrevió a hacer una denuncia policial por este incidente, dado que, anteriormente, policías lo habían acosado por ser gay y le habían exigido favores sexuales. Carlitos B. es una persona no binaria de Guatemala que huyó su país después de haber sufrido agresión física y amenazas de violación sexual por parte su hermano. Cuando Carlitos presentó la denuncia, los agentes que la recibieron respondieron con burlas por su expresión de género.
Pricila P., una mujer trans de El Salvador, manifestó que policías la obligaron a bajar de un autobús y la golpearon. “Uno de los policías tomó mis testículos y los apretó”, señaló. “El policía dijo: ‘Te das cuenta de que eres un hombre porque sientes dolor’. Me dijo que me iba a hacer hombre a la fuerza”. Pricila huyó a Estados Unidos en 2019, después de que pandilleros la agredieron, secuestraron a un amigo suyo gay y le advirtieron que ella sería la próxima.
Tanto Honduras como El Salvador han aprobado leyes sobre delitos de odio en los últimos 10 años, pero ninguno de estos países ha impuesto condenas por esos delitos. En una decisión emblemática de julio de 2020, un tribunal de El Salvador condenó a tres policías por el homicidio de Camila Díaz, una mujer trans que había sido deportada en 2018 después de intentar pedir protección en Estados Unidos. No obstante, un juez desestimó los cargos por delitos de odio que se habían presentado contra los agentes.
Ninguno de los tres países cuenta con protecciones amplias contra la discriminación al amparo del derecho civil, señaló Human Rights Watch. Si bien Honduras prohíbe la discriminación en el empleo por motivos de orientación sexual e identidad de género, activistas afirmaron que no tienen información sobre casos en los cuales esa ley se haya aplicado.
En Guatemala, un proyecto legislativo que se encuentra en trámite, la “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, podría usarse para justificar la denegación discriminatoria de servicios invocando como argumento la “libertad de conciencia”.
Dada la persecución que muchas personas LGBT enfrentan en el Triángulo Norte, el gobierno de EE. UU. debería proteger rigurosamente la posibilidad de que ingresen de manera segura en Estados Unidos y pidan asilo. En cambio, el gobierno estadounidense adopta cada vez más medidas para cerrarles las puertas. Estas medidas incluyen una serie de políticas que restringen el acceso al asilo y que, con una interpretación acotada de la definición de refugiado, excluyen a las personas LGBT de protecciones con las que contaban anteriormente.
En marzo de 2020, con el Covid-19 como pretexto, el gobierno de EE. UU. cerró en forma total sus fronteras terrestres a los solicitantes de asilo, con lo cual los expuso a ser perseguidos en sus países de origen o a quedar varados en México. En junio, los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional de EE. UU. propusieron un cambio importante en las reglamentaciones del sistema de asilo de Estados Unidos que impondría severas restricciones a que se otorgue asilo a las personas LGBT, al excluir la posibilidad de concederlo por razones de “género”.
En septiembre, el Departamento de Justicia dictó otra reglamentación que volvió más difícil la posibilidad de que se les otorgue asilo. Se restringieron los plazos para las solicitudes de asilo y se permitió que los jueces de inmigración introdujeran sus propias pruebas en los casos de asilo, aun cuando estas reflejen sesgos como el prejuicio contra las personas LGBT.
Estas políticas complementaron otras severas medidas que ha adoptado el gobierno de Trump para directamente evitar que los solicitantes de asilo puedan llegar a Estados Unidos, y para limitar su acceso al asilo si efectivamente logran llegar al país.
Estas medidas incluyen la separación familiar, la detención prolongada, el programa de “Permanencia en México”, un proceso rápido de evaluación de las solicitudes de asilo con escaso o ningún contacto con abogados, un intento por frenar a aquellos solicitantes de asilo que hayan pasado por un tercer país antes de llegar a la frontera de EE. UU., y una política para trasladar a los solicitantes de asilo de El Salvador y Honduras a Guatemala, donde no tienen acceso a medidas de protección eficaz.
Entre las personas solicitantes de asilo afectadas por todas estas medidas se incluyen personas LGBT, que pueden estar particularmente expuestas al riesgo de violencia y discriminación en el norte de México.
“Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras deben actuar para erradicar la violencia generalizada contra las personas LGBT y asegurar que las leyes y políticas protejan a estas personas de la persecución, incluso por parte de policías”, señaló Ghoshal.
“Mientras en sus países de origen las personas LGBT sigan siendo blanco de amenazas a su vida y a su seguridad por su identidad, EE. UU. debería recibirlas con los brazos abiertos en lugar de cerrarles todas las puertas”.
