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“Sin Lugar” fueron declaradas las solicitudes de excarcelación presentadas por los defensores privados de dos de los implicados en el sonado caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Se trata del ex viceministro de Trabajo, Carlos Montes (condenado por lavado de activos y cohecho pasivo impropio) y de la madre de la propietaria de la empresa fantasma ISUMEDIC, Ilsa Damaris Aguirre Flores (procesada por lavado de activos).
Los apoderados legales pretendían el otorgamiento de medidas sustitutivas basados en el decreto transitorio PCM 36-2020 normativo de la pandemia del COVID-19 y en la reciente reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal sobre los presupuestos legitimadores por los cuales un juez debe dictar Prisión Preventiva.
Sin embargo, los planteamientos de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), en audiencia de revisión de medidas, sirvieron para que la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional se pronunciara en cuanto a la no procedencia de los argumentos de la defensa.
En el caso de Carlos Montes se le condenó a 16 años de reclusión en el expediente conocido como “Coimas a Viceministros” en que se demostró su participación en el blanqueo de 51 millones de lempiras para así sobornar a funcionarios a cambio de que se agilizasen pagos consecuencia de los contratos suscritos entre empresas privadas y el IHSS; mientras que Ilsa Damaris Aguirre Flores está pendiente de ir su juicio oral y público en el expediente denominado “Empresas Fachadas o de Portafolio” producto de la adquisición de bienes inmuebles con dinero proveniente de pagos injustificados realizados a través de líneas de crédito a favor de IHSS, particularmente 9.9 millones de lempiras a la empresa INSUMEDIC S. de R.L. de su hija Ilsa Vanessa Molina Aguirre (condenada a 12 años tres meses de reclusión).
