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En una carta abierta publicada hoy por la Internacional Progresista, 85 economistas destacados elogian la determinación del gobierno hondureño de retirarse del el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
Los economistas sostienen que “los tribunales internacionales de arbitraje como el CIADI han permitido a las empresas demandar a los Estados y restringir su libertad para regular en favor de los consumidores, los trabajadores y el medio ambiente.”
Entre los firmantes reunidos por la Internacional Progresista se incluyen figuras significativas de la profesión económica como la galardonada economista india especializada en desarrollo Jayati Ghosh, el estadounidense Jeffrey Sachs, calificado por el New York Times como “probablemente el economista más importante del mundo”, el chileno Gabriel Palma, padre del Índice Palma para medir la desigualdad, el economista y ex Ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, la premiada economista británica Ann Pettifor, conocida por predecir la crisis financiera de 2008, y el economista surcoreano Ha-Joon Chang, que regularmente figura en las listas de los principales pensadores mundiales.
La intervención sigue a la decisión adoptada el mes pasado por el gobierno de Honduras, encabezado por la Presidenta Xiomara Castro, de afirmar la democracia y la soberanía hondureñas retirándose del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El CIADI y los tribunales internacionales de arbitraje similares son lugares donde las empresas obligan a los Estados a desembolsar dinero como compensación por políticas públicas que mejoran el bienestar de los consumidores, los trabajadores o el medio ambiente. Como señalan los economistas en su carta, “Desde 1996, sólo los gobiernos de América Latina se han visto obligados a indemnizar a las corporaciones extranjeras con más de 30.000 millones de dólares, impidiendo que los reguladores aumenten los salarios mínimos, protejan los ecosistemas vulnerables e introduzcan protecciones climáticas, entre otras prioridades de política nacional.”
Los economistas sostienen que “Honduras presenta un caso contundente de abuso empresarial a través del sistema ISDS. Desde la elección en 2021 de la primera mujer presidenta del país, Xiomara Castro, las empresas han interpuesto un total de 10 demandas ante el CIADI en su contra. El mayor de ellos, interpuesto por la empresa estadounidense Próspera Inc, reclama más de 10.000 millones de dólares —dos tercios del presupuesto anual del país— como indemnización por la decisión del país de derogar la desastrosa ley de las “ZEDEs”, que confiscó territorio hondureño a empresas extranjeras como Próspera para fundar ciudades privadas que operan sin tener en cuenta la normativa laboral, ambiental o sanitaria.”
La retirada de Honduras del CIADI forma parte de una creciente ola de Estados que se retiran de los tribunales de arbitraje internacional unilaterales. La Unión Europea anunció recientemente su retirada del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Por su parte, el Presidente de Estados Unidos, Joseph R. Biden, se ha comprometido a no incluir disposiciones relativas a estos tribunales corporativos en futuros acuerdos comerciales.
Frente a los que abogan por tribunales como el CIADI, los economistas declaran que encuentran “escasas pruebas económicas de que mecanismos como el CIADI estimulen a cambio una inversión extranjera directa significativa.”
Texto íntegro de la carta
Nosotros, economistas de instituciones de todo el mundo, acogemos con satisfacción la decisión del gobierno hondureño de retirarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Consideramos la retirada como una defensa fundamental de la democracia hondureña y un paso importante hacia su desarrollo sostenible.
Por décadas, los tribunales internacionales de arbitraje como el CIADI han permitido a las empresas demandar a los Estados y restringir su libertad para regular en favor de los consumidores, los trabajadores y el medio ambiente. Desde 1996, sólo los gobiernos de América Latina se han visto obligados a indemnizar a las corporaciones extranjeras con más de 30.000 millones de dólares, impidiendo que los reguladores aumenten los salarios mínimos, protejan los ecosistemas vulnerables e introduzcan protecciones climáticas, entre otras prioridades de política nacional. Encontramos escasas pruebas económicas de que mecanismos como el CIADI estimulen a cambio una inversión extranjera directa significativa.
Honduras presenta un caso contundente de abuso empresarial a través del sistema ISDS. Desde la elección en 2021 de la primera mujer presidenta del país, Xiomara Castro, las empresas han interpuesto un total de 10 demandas ante el CIADI en su contra. El mayor de ellos, interpuesto por la empresa estadounidense Próspera Inc, reclama más de 10.000 millones de dólares —dos tercios del presupuesto anual del país— como indemnización por la decisión del país de derogar la desastrosa ley de las “ZEDEs”, que confiscó territorio hondureño a empresas extranjeras como Próspera para fundar ciudades privadas que operan sin tener en cuenta la normativa laboral, ambiental o sanitaria.
La era de la supremacía empresarial en el sistema de comercio internacional está llegando a su fin. La Unión Europea anunció recientemente su retirada del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joseph R. Biden, se ha comprometido a no incluir disposiciones sobre estos tribunales corporativos en futuros acuerdos comerciales. Y los principales países en desarrollo, como Brasil e India, se mantienen firmes en su negativa a suscribir tratados con el CIADI en primer lugar.
Ahora, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha dado otro paso importante para dar prioridad al desarrollo sostenible sobre las ganancias empresariales. Como economistas, elogiamos al Presidente Castro y al pueblo de Honduras, y esperamos que los países de todo el mundo sigan su ejemplo hacia un sistema comercial más justo y democrático.
Lista completa de firmantes:
Jason Hickel
Ann Pettifor
Jeffrey Sachs
Jayati Ghosh
James Meadway
Guy Standing
Paul Robert Gilbert
Daniela Gabor
Isabella Weber
Gustavo Indart
Trevor Evans
Arthur MacEwan
Robert H. Wade
Leonardo E. Stanley
Amit Bhaduri
Rohith Jyothish
Fidel Aroche Reyes
Malcolm Sawyer
Kathleen McAfee
Thomas Masterson
Andres Arauz
Dean Baker
Alan B. Cibils
James Boyce
Stephan Lefebvre
Rob Larson
Immanuel Ness
Alan Aja
Max Sawicky
Patrick Bond
Mary C. King
John Willoughby
Dominik Leusder
Pablo Bortz
Oscar Ugarteche
Odd Hanssen
Sankar Varma
Mustafa Özer
Dr stanley chitukwi
Farwa Sial
Daniel Kostzer
Kayhan Valadbaygi
Isabel Ortiz
Hans Despain
Lorena Valle Cuéllar
Hugo Uriarte Guerra
Danny Dorling
C P Chandrasekhar
Ilene Grabel
Dimitri Papadimitriou
Costas Lapavitsas
Prabhat Patnaik
Ron Baiman
Andrew M. Fischer
Leonardo E. Stanley
Larry Allen
Ignacio Silva Neira
Stephen Marglin
Gabriela Dutrenit
Professor P N (Raja) Junankar
José Gabriel Palma
Stephen McBride
Zhongjin Li
William Mitchell
Amir Lebdioui
Marcela Vera Díaz
Sankar Varma
Laura Horn
Amitava Dutt
Alfredo Saad Filho
Mahalaya Chatterjee
Matias Vernengo
Anu Chenoy
Yanis Varoufakis
Grace Blakeley
Manuel Riesco
Gustavo Indart
Giovanni Dosi
Fadhel Kaboub
Patrick Chaylee
Ha-Joon Chang
Luiz Carlos Bresser-Pereira
Eileen Appelbaum
Mark Weisbrot
Chris Tilly
Carolina Alves
Jerome Roos
