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Honduras enfrenta una preocupante realidad sanitaria. En un país donde la mayor parte de la población, el acceso a una atención médica digna sigue siendo un privilegio. El sistema de salud pública continúa sumido en precariedad, mientras se fortalecen prácticas que priorizan intereses comerciales sobre el bienestar de los pacientes.
Recientemente, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) encendió las alarmas sobre la práctica de las compras directas en la Secretaría de Salud, advirtiendo los riesgos de corrupción y falta de transparencia que esto conlleva.
“Las compras directas deben aplicarse solo cuando se cumplan los motivos establecidos por la normativa. En el caso concreto de la Secretaría de Salud, la justificación ha sido un decreto de emergencia en el sistema sanitario”, manifestó Cristian Nolasco, especialista del CNA.
El problema no es solo el procedimiento, sino la falta de controles, la selección directa de proveedores y la opacidad. Esto limita la competencia, eleva los riesgos de corrupción y reduce las garantías de que los medicamentos adquiridos sean los mejores disponibles para los pacientes.
Frente a esta realidad, cada vez más hondureños optan por buscar atención médica en países vecinos como Guatemala, El Salvador o Nicaragua. Quienes no pueden hacerlo, se ven obligados a endeudarse o a resignarse a largas esperas, diagnósticos inciertos y tratamientos limitados.
“No se trata solo de comprar rápido, sino de comprar bien y con transparencia”, recalcó Nolasco, al referirse también a fallos en recientes licitaciones de la Secretaría de Salud que tuvieron que ser canceladas por errores insubsanables.
El derecho a la salud está siendo desplazado por el interés comercial y el desorden institucional. Mientras no se modernicen los mecanismos de compra, se invierta en infraestructura médica real y se escuche a los pacientes en lugar de favorecer intermediarios, Honduras seguirá viendo cómo su gente cruza fronteras para buscar atención que aquí se le niega.
