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El asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, ocurrido hace seis años, “no debe quedar impune”, indicó la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, que instó al Ministerio Público y al Supremo a garantizar “una verdadera aplicación de la justicia”.
En el marco del respeto del principio de separación de poderes, la Secretaría de Derechos Humanos solicitó al Ministerio Público y al poder Judicial “cumplir con su deber constitucional de garantizar una verdadera aplicación de la Justicia con investigaciones serias, imparciales y efectivas”.
Esas investigaciones, añade la institución en un comunicado, deben permitir “enjuiciar y sancionar” a los responsables del asesinato de Cáceres, líder de la etnia lenca.
Cáceres, quien era coordinadora y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros el 2 de marzo de 2016 en su casa pese a tener desde 2009 medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
Luego de seis años de su asesinato, el Estado de Honduras “sigue en deuda en la implementación del plan de reparación integral a las víctimas, que hoy continúan exigiendo la protección, el respeto y resarcimiento en el marco de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, señaló.
“Asimismo, hay una deuda con Berta y su pueblo con respecto a su derecho a la justicia, a la vida, a la consulta previa, libre e informada, y a vivir en paz”, destacó la Secretaría de Derechos Humanos.
Agregó que las poblaciones indígenas y afrohondureños “siguen soportando el hostigamiento y la criminalización de sus luchas por sus derechos fundamentales, sus territorios y la defensa de sus bienes naturales”.
La Secretaría de Derechos Humanos ratificó su “firme compromiso” de impulsar desde el Estado “la reparación del daño provocado a su familia y población, y a cumplir con su deber estatal de respetar y garantizar los derechos inalienables de las poblaciones indígenas”.
Expresó además su compromiso por “refundar y fortalecer” el Mecanismo Nacional de Protección e impulsar “un verdadero Sistema Nacional de Protección” que permita que el Estado de Honduras tenga “la capacidad y la voluntad de garantizar el derecho a la vida” de los defensores amenazados, y de “evitar que este tipo de hechos vuelvan a repetirse”.
La ambientalista hondureña se oponía al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, desarrollado por la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), por considerar que causaba daños al ambiente, principalmente a comunidades indígenas lencas, lo que han rechazado los ejecutivos de la empresa.
