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El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEPCAM), supervisó varios comercios de la capital en atención a varias denuncias recibidas por el incremento de precios de productos de la canasta básica durante la crisis epidemiológica ocasionada por el evance del Covid-19 en el territorio nacional.
Las inspecciones se realizaron en comercios, supermercados, mercaditos y pulperías que distribuyen productos de primera necesidad, para de esta manera garantizar los precios ya establecidos en pro de la economía de la población de Honduras.
Durante las supervisiones se detectaron varios negocios que no respetaron la Ley de Protección al Consumidor, así como el decreto de emergencia emitido el 18 de marzo pasado relacionado al control de precios de varios productos de la dieta básica alimentaria; en ese sentido, fueron citados por la autoridad administrativa y no se descarta que ante un reiterado incumplimiento de la ley, se proceda penalmente.
De conformidad a la Ley de Protección al Consumidor en su artículo 95 refiere que se sancionará a la privación de libertad de uno a cinco años en los casos que “acapare o especule con bienes esenciales para el consumo o la salud, con el propósito de desabastecer o provocar el alza de su precio”.
Las inspecciones se realizaron bajo el acompañamiento con personal de la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC), de igual forma con agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y agentes de la Policía Preventiva.
Finalmente, se informa a la población que está habilitada la línea gratuita 115 de la Dirección General de Protección al Consumidor para interponer sus denuncias.
