Costa Rica resolvió su elección presidencial sin segunda vuelta. Laura Fernández, candidata del partido Pueblo Soberano y figura política respaldada por el actual mandatario Rodrigo Chaves, fue declarada presidenta electa tras imponerse con el 48.5% de los votos válidos, según resultados preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con más del 88% de las mesas escrutadas.

El resultado coloca a Fernández como la sucesora directa de Chaves y confirma un giro político que combina continuidad económica, un discurso confrontativo frente a la oposición tradicional y una agenda de seguridad endurecida. La candidata superó con amplio margen a Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (33.3%), y a Claudia Robles, de Coalición Agenda Ciudadana (4.8%), en una contienda donde participaron 20 aspirantes presidenciales.

La jornada electoral registró una participación del 66.96%, superior a la de 2022, cuando el abstencionismo superó el 40%. Aun así, cerca del 30% del padrón optó por no acudir a las urnas, una cifra que mantiene abierto el debate sobre el desgaste de la política tradicional y la fragmentación del sistema de partidos.

En su primer discurso tras confirmarse la tendencia irreversible, Fernández afirmó que el país “votó por la continuidad del cambio” y prometió un gobierno de diálogo, respeto al Estado de derecho y crecimiento económico. Sin embargo, el tono no eludió la confrontación política: lanzó advertencias a la oposición, a la que pidió ser “propositiva” y no obstaculizar la agenda del Ejecutivo.

La presidenta electa asumirá el cargo el próximo 8 de mayo para el período 2026-2030. Rodrigo Chaves, impedido constitucionalmente de buscar la reelección inmediata, se despide del poder con niveles de aprobación superiores al 58%, un factor clave en el arrastre electoral de su candidata.

Además de la Presidencia, los costarricenses eligieron a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, un elemento central para la gobernabilidad del nuevo Ejecutivo. Pueblo Soberano obtuvo 30 escaños, quedando cerca de una mayoría que le permitiría impulsar reformas estructurales. El Partido Liberación Nacional sumó 18 curules, el Frente Amplio 7, mientras que los escaños restantes se repartieron entre fuerzas minoritarias.

Este nuevo mapa legislativo refuerza el proyecto político del oficialismo, aunque no elimina la necesidad de acuerdos en un Congreso históricamente fragmentado.

La campaña estuvo atravesada por la creciente preocupación ciudadana por la inseguridad, en un país que enfrenta un aumento sostenido de homicidios vinculados al narcotráfico. Fernández construyó buena parte de su mensaje en torno a una política de “mano dura”, que incluye la posibilidad de estados de excepción en zonas críticas, reformas al sistema judicial y la construcción de una mega cárcel de máxima seguridad, inspirada en el modelo aplicado en El Salvador.

En el plano económico, defendió la venta de activos estatales, proyectos de infraestructura como un tren eléctrico metropolitano y la necesidad de una mayoría legislativa sólida para acelerar reformas. El respaldo electoral también se explica por los indicadores económicos del gobierno saliente: crecimiento del 5%, reducción del desempleo al 7%, inflación negativa y una disminución de la pobreza al 15.5%, según datos oficiales.

Un mensaje regional

La elección de Fernández no solo redefine el rumbo interno de Costa Rica, sino que envía una señal a la región centroamericana: el electorado optó por la continuidad de un liderazgo fuerte, con discurso anticorrupción, énfasis en resultados económicos y una agenda de seguridad más dura.

El desafío para la nueva presidenta será convertir ese respaldo electoral en gobernabilidad efectiva, en un contexto donde la polarización política y la presión social por resultados inmediatos marcarán los primeros meses de su administración.