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El Gobierno de Costa Rica deploró el “asedio y la intimidación” de la que son víctimas un grupo de madres de presos políticos en Nicaragua y condenó la represión y la violencia en ese país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica pidió un “cese a los actos represivos contra la población nicaragüense, que se restituyan y garanticen los derechos de manifestación, libertad de prensa y expresión”.
“Costa Rica deplora el asedio y la intimidación de la que son víctimas las madres de los presos políticos del Gobierno de Daniel Ortega, las cuales alcanzan su octavo día en huelga de hambre, pidiendo la liberación de sus hijos”, destaca el comunicado de prensa.
Además, Costa Rica hizo un llamado para que se retome la vía del diálogo en Nicaragua, de modo que el Gobierno y la oposición puedan “negociar una salida a la crisis que garantice el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, y de sentar las bases para unas elecciones libres, participativas, transparentes y con observación internacional”.
Desde el 14 de noviembre pasado un grupo compuesto por 11 madres iniciaron una huelga de hambre por la libertad de más de 150 “presos políticos”, en la parroquia San Miguel Arcángel, de la ciudad de Masaya, 32 kilómetros al sureste de Managua.
El Gobierno nicaragüense ordenó el corte de los suministros de energía y agua en el sitio, lo que ha perjudicado el estado de salud de al menos cinco personas que se encuentran dentro de la parroquia que ha sido sitiada por la Policía.
La situación dentro de los templos religiosos se da en el marco de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018, en repuesta a los ataques armados con los que el Gobierno intentó detener las protestas masivas contra Ortega, en las que miles murieron, fueron arrestadas o desaparecieron.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 328 personas han muerto en el marco de la crisis. Órganos locales hablan de hasta 651. El Gobierno, que alega un supuesto intento de “golpe de Estado”, admite 200
