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Con una decisión de 2 a 1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito avaló al Gobierno del presidente Donald Trump terminar el Estatus de Protección Termporal (TPS) para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, que afectará a unos 300,000 inmigrantes y sus familias.
“El panel anuló una orden judicial preliminar que prohibía implementación de decisiones de rescisión de designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador, y en prisión preventiva”, indica la opinión de la jueza Consuelo Callahan.
El panel de jueces encontró que un juez federal de California que decidió mantener el programa tomó una decisión extrema para bloquear la terminación de este programa que otorga perdón de deportación y Autorización de Empleo.
“El Tribunal de Distrito abusó de su discreción para concluir que los Demandantes presentaron al menos serias dudas sobre los méritos de su protección”, indica la opinión sobre la demanda Ramos v. Wolf.
Durante casi 20 años, las administraciones anteriores –republicanas o demócratas– han renovado el estatus de TPS, pero el presidente Trump terminó el programa en noviembre de 2017, aunque los tribunales han bloqueado temporalmente sus esfuerzos.
En medio de la batalla legal, en noviembre de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendió al 4 enero del 2021 el TPS para los cuatro países mencionados.
En la decisión de este lunes, la jueza Morgan Christen votó en contra citando los esfuerzos de la Administración Trump por terminar con el programa que protege a familias de desastres naturales, el crimen organizado y otros problemas en sus países de origen.
En su explicación, la jueza Christen apunta las comunicaciones internas entre distintas agencias del DHS, incluido Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), entonces dirigida por Francis Cissna, sobre los esfuerzos de terminar con la protección de inmigrantes sin tomar en cuenta las afectaciones a las familias.
Vale recordar que en 2017 se dieron a conocer decenas de memorandos internos del Departamento de Estado y comunicaciones diplomáticas que demuestran que altos funcionarios advirtieron repetidamente al exsecretario de Estado, Rex Tillerson, que eliminar el TPS desestabilizaría gravemente a sus países de origen, además de acarrear problemas de seguridad nacional para EE.UU.
Los TPS fueron creados en 1990 por el Congreso, que le dio facultades al DHS de otorgar protecciones migratorias y permisos laborales a originarios de naciones devastadas por desastres naturales o movimientos sociales.
La jueza Christen también citó los comentarios del presidente Trump cuando llamó “países de mierda” a naciones con TPS, como Haití.
“El gobierno nos insta a interpretar muchos comentarios denigrantes en el expediente como descripciones de condiciones de vida inferiores en países extranjeros… no podemos dejar de lado palabras que realmente se usaron y sería peor para nosotros negar su significado”, consideró.
El portavoz de USCIS, Dan Hetlage, indicó que la agencia revisa la decisión de la corte.
“USCIS está revisando la decisión y anunciará cambios cuando estén disponibles”, explicó Hetlage a pregunta expresa de este diario.
Es decir, no se especificó si habrá suspensiones antes de la fecha de terminación del 2021.
La agencia recordó el espíritu “provisional” del programa y que no está sujeto a otorgar una “green card” a los beneficiarios.
“Es un beneficio de inmigración temporal que permite a las personas calificadas que se encuentran en los Estados Unidos permanecer por un período de tiempo limitado; no conduce a un estatus de residente permanente legal ni otorga ningún otro estatus migratorio”, indicó una fuente de esa dependencia.
Los impactos
Ante los intentos de la Administración Trump de poner fin al TPS diversas organizaciones sobre la contribución de inmigrantes a la economía alertaron de los impactos negativos para el país.
Nueva Economía Americana destaca que los titulares de ese programa han contribuido a la economía estadounidense al ser parte de la fuerza laboral estadounidense, pagando impuestos, contribuyendo a la seguridad social y Medicare y como empresarios.
En términos generales, terminar con el programa costaría al país $45,200 millones de dólares en PIB durante una década.
Según el Centro de Estudios Migratorios y el Centro para el Progreso Americano, los originarios de El Salvador, Honduras y Haití tienen el empleo de fuerza laboral más alto con tasas que varían del 81 al 88%.
La mayoría de los titulares son parte de industrias que incluyen la construcción, los servicios alimentarios y restaurantes, servicios de jardinería, cuidado infantil y tiendas de abarrotes.
Si los titulares de TPS ya no pueden renovar sus permisos de trabajo, los empleadores perderán un total de $967 millones de dólares en costos de facturación que afectará Florida, Nueva York, California, Texas, Maryland y Virginia, principalmente, indica el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.
Trabajadores esenciales
De hecho, el CAP encontró que los beneficiarios de TPS laboran en trabajos esenciales durante la pandemia de coronavirus, incluso en áreas enlistadas por el DHS como primordiales.
Se estima que de los 11,600 trabajadores de la salud con TPS, al menos 8,100 son asistentes de cuidado de la salud y el cuidado personal en el hogar, asistentes de enfermería y asistentes psiquiátricos; 1,900 son técnicos de salud; 1,300 realizan labores complementarias de asistencia médica.
Las entidades con más inmigrantes bajo este programa que están en la primera línea contra coronavirus son Florida con 2,900, California con 2,700 y Nueva York con 2,100.
Aunado a ello, 76,100 titulares de TPS trabajan en ocupaciones relacionadas con alimentos, desde supermercados y restaurantes hasta granjas y plantas de procesamiento de alimentos, la mayoría –unos 28,800– trabajan en restaurantes o establecimientos de servicio de alimentos.
“Al igual que muchos estadounidenses, los inmigrantes con TPS son una parte importante de la fuerza laboral que mantiene al país funcionando en medio de la pandemia de coronavirus”, expone Nicole Prchal Svajlenka, directora asociada de investigación del equipo de Inmigración en CAP y coautora del reporte. (Tomado de El Diario NY)
Por país
Los inmigrantes de los países afectados son:
El Salvador – 195,000 personas
Haiti – 50,000 personas
Nicaragua – 2,500 personas
Sudán – 1,040 personas
A esas cifras hay que sumar a las familias
