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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, expresó que la corrupción y la impunidad son males públicos que afectan la democracia, el Estado de Derecho, la gobernabilidad, la confianza en las instituciones y, en todo caso, los derechos humanos de las personas.
De acuerdo al Defensor del Pueblo, esos males, deben y pueden prevenirse y combatirse con las mejores capacidades y recursos nacionales.
Además, con la cooperación internacional especializada y compenetrada de la importancia de su apoyo a la institucionalidad del Estado y a su accionar concertado para alcanzar los resultados esperados.
Desde marzo del 2014, el ente estatal de derechos humanos, impulsa el Plan de Acción “Vanguardia de la Dignidad Humana”, encaminado a supervisar la lucha contra la corrupción e impunidad, como aspectos vinculados esencialmente a los derechos humanos, que son pilares indispensables del Estado democrático de Derecho.
Por ello, el Ombudsman hondureño y primer vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) promueve internacionalmente, el impacto negativo de la corrupción sobre el goce efectivo de los derechos humanos.
Acuerdos
Herrera Cáceres reiteró, su recomendación (ver www.conadeh.hn) de aplicar de buena fe el contenido integral del Convenio, entre el Estado hondureño y la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el propósito de potenciar e intensificar capacidades institucionales, procedimientos y resultados contra la corrupción y la impunidad, tal como lo espera la población.
En esa dirección, expresó su valoración de la iniciativa del Presidente de la República y de la respuesta del Secretario General de la OEA asegurando, por vía de intercambio de notas, un acuerdo sobre los canales de trabajo que permitan inmediatamente la implementación integral del Convenio.
Lo que se busca es contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y de las instituciones del Estado, así como generar confianza entre gobernantes y ciudadanos, y a mantener el diálogo como instrumento que permita impulsar el proceso de democratización.
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Precisó que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), debe cumplir de manera independiente sus funciones de colaboración activa, orientadas principalmente a asesorar, supervisar y evaluar el funcionamiento de instituciones como el Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.
Además de facilitar la coordinación entre esas y otras instituciones para una efectiva lucha contra la corrupción y la impunidad, fortaleciendo capacidades nacionales y haciendo recomendaciones que consoliden la acción institucional y mejoren el ordenamiento legal.
Sostuvo, que la Misión de Apoyo de la OEA tiene la facultad de proponer al Gobierno reformas al sistema de justicia hondureño, incluyendo legislación para fortalecer el combate a la corrupción e incluso, en materia de reforma político – electoral, debe asesorar en la elaboración de normas sobre financiamiento de política, partidos políticos y justicia electoral.
Destacó el compromiso de la MACCIH de contribuir a afianzar mecanismos de observación, seguimiento y rendición de cuentas del sistema de justicia, ante la sociedad hondureña.
El Defensor del Pueblo puntualizó que el diálogo, previsto en el Convenio entre Honduras y la Secretaría General de la OEA, y los canales de trabajo acordados mediante el referido intercambio de notas, son de ejecución inmediata.
