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El pleno del Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó la Política de Educación Inclusiva, fundamentada en el principio de respeto al derecho a la educación que tiene toda la población hondureña e integra los valores de equidad, justicia, igualdad y, sobre todo, el reconocimiento de la diversidad y las diferencias o necesidades individuales.
La iniciativa fue aprobada en el marco de una sesión extraordinaria del CNE, conducida por la titular de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, Martha Doblado Andara, quien preside el organismo de educación por delegación presidencial.
El Consejo Nacional de Educación es un órgano ejecutivo, creado por la Ley Fundamental de Educación como instancia responsable de elaborar y dar seguimiento a la política educativa nacional, así como articular horizontal y verticalmente el Sistema Nacional de Educación, y es presidido por el presidente de la República o la persona en la que él delegue su representación.
El CNE está integrado por representante de diversas secretarías de Estado, de las universidades públicas y privadas, del Foro Nacional de Convergencia y de la Comisión Nacional de Competitividad.
La Política de Educación Inclusiva tiene como finalidad que el Sistema Nacional de Educación alcance a todas las personas de los grupos en condición de vulnerabilidad, con calidad, equidad, pertinencia y eficacia a lo largo del ciclo de vida, eliminando las barreras que los excluyen del derecho a la educación.
Una vez aprobada la normativa educativa, la coordinadora General de Gobierno expresó que dicho documento ratifica la determinación del Gobierno de honrar los compromisos internacionales asumidos en diferentes instancias, particularmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en este caso de manera específica el objetivo número 4, que contempla educación de calidad para todos los niños y niñas del país.
Señaló que la política aprobada se sustenta en un diagnóstico de la situación actual del Sistema Educativo Nacional, a partir de las evidencias de los avances alcanzados y las dificultades encontradas, lo que permitió la formulación de las estrategias y programas que deberán implementarse en el marco de dicha política nacional.
Doblado Andara recordó que bajo los criterios establecidos por la Agenda 2030 y los ODS el aprendizaje se concibe como un proceso que comienza con el nacimiento y prosigue a través de todas las etapas de la vida.
En función de ello la Política de Educación Inclusiva contempla metas alcanzables formuladas sobre la información disponible, especialmente en lo que respecta a las posibilidades de la consecución de los recursos financieros y técnicos que se requieren para su implementación efectiva, puntualizó la coordinadora General de Gobierno.
El documento deberá ser ratificado por el presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, para que cobre efectos de ley y proceder a su implementación en el Sistema Educativo Nacional.
