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El Congreso Nacional aprobó una ley orientada a regular los refugios para proteger a mujeres maltratadas, desplazadas por la violencia o víctimas de trata de personas en el país.
La Ley de Casas Refugio se aprobó “por unanimidad”, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, indicó el Parlamento hondureño en un mensaje en X.
Agregó que la sociedad civil y organismos públicos y privados coordinarán el funcionamiento de las casas secretas, espacios que ofrecerán “atención integral a las mujeres y sus hijas e hijos, asegurando sus derechos fundamentales como la vida, integridad, seguridad, y acceso a servicios jurídicos y de salud, entre otros”.
El Poder Legislativo señaló que el enfoque integral de la ley busca también “prevenir y reducir” los efectos de la violencia y, además, promover “un entorno seguro para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y sus hijas e hijos”.
La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, aplaudió la decisión del Parlamento hondureño de aprobar la Ley de Casas Refugio para proteger a las mujeres víctimas de la violencia.
“¡Fantástica noticia! Gracias al Congreso Nacional de Honduras por aprobar esta importante ley para la protección de mujeres, niñas y niños que son víctimas de violencia. Mi reconocimiento también a todas las mujeres y organizaciones que han estado impulsando sin cesar esta iniciativa”, señaló Shackelford en X.
La oficina de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Honduras señaló que la aprobación de esta normativa es un “gran paso para apoyar a las mujeres víctimas de violencia” en el país centroamericano, donde cada 23 horas muere una mujer.
Reconoció el trabajo de los diputados que apoyaron el proyecto, así como el “trabajo incansable, durante años, de las organizaciones feministas de Honduras. ¡Bravo!”.
La Asociación Calidad de Vida de Honduras abrió en 1996 en Tegucigalpa el primer refugio para víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, uno para desplazadas por la violencia (en 2015) y una tercera casa, en 2018, para afectadas por la trata de personas.
