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El Congreso Nacional de Honduras pretende favorecer la corrupción con la aprobación, en el primero de tres debates, de una reforma a la Ley General de Administración Pública.
Así lo denunciaron varios sectores de la sociedad hondureña, entre ellos, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Con la reforma del artículo 115 de la referida ley, aprobada el pasado martes, se “pretende despojar atribución al Ministerio Público y transferirla al Tribunal Superior de Cuentas”, indicaron en un comunicado diversas organizaciones que apoyan al Observatorio del Sistema de Justicia Penal.
El Observatorio del Sistema de Justicia Penal alertó a la ciudadanía que “de aprobarse la citada reforma se estará aprobando un retroceso a la lucha contra la corrupción e impunidad”.
“Además de representar un claro debilitamiento a la institucionalidad y con ello al Estado de derecho y la democracia del país”, señala el documento.
Asimismo, la reforma añade un párrafo al artículo 115 de la Ley General de Administración Pública, en el que se delegarían funciones al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que le corresponden al Ministerio Público (MP).
El Observatorio, como ente veedor del Estado de derecho y la independencia institucional, le exigió al Congreso Nacional, de manera “contundente y enérgica”, no continuar con la aprobación de la reforma del artículo 115 “por representar un entorpecimiento explícito a los casos presentados y por presentar en temas de corrupción”.
De igual manera, la sociedad civil instó al Poder Legislativo “a socializar ampliamente cualquier otra reforma al marco legal anticorrupción y sus leyes conexas”.
“El Observatorio del Sistema de Justicia Penal reitera su compromiso con el pueblo hondureño de mantenerse vigilante en lo concerniente con temas de corrupción, impunidad y veeduría al sistema de justicia penal nacional”, indica el comunicado.
También reiteró su “apoyo incondicional” a la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público y a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) “para que continúen ejerciendo plenamente los deberes de sus mandatos”.
