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La Conferencia Episcopal de Honduras indicó en un comunicado que “Nos preocupa que el gobierno no escuche ni atienda las manifestaciones y pronunciamientos que han hecho nuestros hermanos Obispos en sus Diócesis, quienes hicieron suyos los reclamos de la sociedad civil, exigiendo de manera pacífica la no implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), porque han sido creadas en abierta violación a la Constitución de la República de Honduras y en perjuicio de nuestro ordenamiento territorial”.
Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras (C.E.H.), en reunión extraordinaria, hemos orado al Señor y hemos reflexionado sobre la realidad de nuestro País, así como en la forma de gobernar de nuestras autoridades; al mismo tiempo, constatamos la dolorosa incertidumbre, el miedo, la indignación y el enojo, que esta realidad despierta con los hondureños buenos, nobles y trabajadores, que ven con desesperanza su futuro y el de sus hijos.
Como Pastores del Pueblo de Dios, nos preocupa que el gobierno no escuche ni atienda las manifestaciones y pronunciamientos, justos y fundamentados, de muchas instituciones del País de gran importancia, como la UNAH, la Asociación de Fiscales de Honduras, el Colegio Hondureño de Economistas -Capitulo Noroccidental, el Colegio de Abogados, el CNA, el FOSDEH, asi como los debates y otras formes de expresien del pueblo.
Por otra parte, somos testigos de la incomprensible y sospechosa insensibilidad e indolencia de las autoridades correspondientes y de la mayoría de los políticos de nuestro País, ante las voces que claman justicia y respeto a derechos tan fundamentales, como la defensa de Ia soberanía y la integridad de nuestra Patria.
La Conferencia Episcopal expresa su solidaridad y se une al pronunciamiento que han hecho nuestros hermanos Obispos en sus Diócesis, quienes hicieron suyos los reclamos de la sociedad civil, exigiendo de manera pacífica la no implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), porque han sido creadas en abierta violación a la Constitución de la República de Honduras y en perjuicio de nuestro ordenamiento territorial.
Afirman algunos que en este momento es juridicamente comprensible que la exigencia no se debe dirigir al Congreso Nacional, porque ellos “ya cumplieron su deber de legislar”. “Que fácil resulta lavarse las manos ante un problema de esta magnitud, un problema que ellos mismos han causado! Es deprimente y cuestionante la actitud que han mostrado la mayoría de los miembros del Congreso Nacional.
