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La Comisionada Nacional de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre se pronunció contra cualquier acto de injerencia político – partidista que comprometa la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Además, hizo un llamado a la sociedad hondureña para que audite el proceso de creación de esta normativa y vigilar el cumplimiento de la Constitución de la Republica y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Honduras.
La titular del CONADEH se pronunció en esos términos luego de la aprobación de la “Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, por parte del Congreso Nacional de la República.
Indicó que es deber del Congreso Nacional ejercer un control de convencionalidad conforme a los estándares internacionales de derechos humanos al momento de legislar cualquier norma regulatoria.
Eso, “con el fin de prevenir causas de impugnación de sus actos por contravenir, tergiversar o disminuir los derechos humanos, incluyendo el derecho de acceso a la justicia, para lo cual, la independencia judicial constituye un requisito, sin el cual, la realización de este derecho es de imposible garantía.
La Defensora del Pueblo exhortó al Congreso Nacional a adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar que el proceso de escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sea objeto del debido y adecuado control de convencionalidad, para asegurar que los criterios internacionales se reflejen clara y adecuadamente en la normativa legal que se legisla para estos efectos.
Así mismo, expresó su respaldo a las iniciativas destinadas a propiciar una Corte Suprema de Justicia con magistradas y magistrados idóneos e independientes.
Además, exigió, como requisito, el irrestricto apego al principio de legalidad y conformidad con los estándares internacionales en la materia, para ofrecerle al pueblo hondureño el Poder Judicial independiente que tanto merece.
“Hago un llamado a la sociedad civil, a la empresa privada, a la academia, a los obreros y demás sectores de la sociedad hondureña, a auditar el proceso de creación de esta normativa y vigilar por el cumplimiento de la Constitución de la Republica y los tratados internacionales de derechos humanos”, concluyó.
La Junta Nominadora para la Selección de Candidatos a Magistrados de la Cortes Suprema de Justicia la integran el Colegio de Abogados de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), los Claustros de Profesores de las Facultades o Escuelas de Ciencias Jurídicas, las organizaciones de la Sociedad Civil, las Confederaciones de Trabajadores y la Corte Suprema de Justicia.
