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La quema de autobuses y cualquier otro vehículo son actos de alta criminalidad que entorpece la vida normal de los habitantes y violenta los derechos humanos, aseguró el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres.
Son actos de “alta criminalidad” que constituyen formas de contribuir a que la sociedad esté alarmada, se quejó el Defensor del Pueblo.
Todo esto nos pone en un conjunto de problemas en relación con la vida, con la seguridad personal, con la integridad, con el derecho a la circulación y con el derecho a la propiedad, declaró.
Indicó que este tipo de hechos violentos afecta mucho más porque daña servicios que son útiles a la comunidad y ponen en incertidumbre a las personas que se trasladan en las unidades del transporte público.
Tanto la quema de buses como la quema de taxis y de unidades distribuidoras de productos alimenticios es un tema que se debe atacar y prevenir, en toda su intensidad, con el esfuerzo asociado del gobierno, la sociedad y la policía, expresó.
Se deben recuperar espacios públicos en escuelas y colegios
Ante la avalancha de hechos violentos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos instó al gobierno a garantizar mayor efectividad en la lucha contra la delincuencia, ya que en el país se está provocando un desplazamiento forzado, sin precedentes, debido al alto nivel de violencia que afecta a la población.
Lamentamos, dijo Herrera Cáceres, que se esté perdiendo el espacio público en escuelas y colegios del país, lo que está ocasionando el desplazamiento de familias de un lugar a otro para salvaguardar la integridad física de sus niños y jóvenes.
“Sentimos que ese espacio público lo estamos perdiendo y, es tan importante, porque eso está motivando otra serie de vulneraciones de derechos humanos”, declaró.
Agregó que, debido a ese fenómeno, se está vulnerando el derecho a la educación en escuelas y colegios, además de provocar el desplazamiento forzado de personas.
Familias enteras tienen que salir de sus lugares de residencia a otras zonas del país y, producto de ese desplazamiento, los niños son llevados de una escuela a otra, apuntó.
El titular del CONADEH advirtió que si las autoridades hondureñas no actúan de inmediato en las escuelas y colegios, ese espacio puede ser propicio para que prolifere la delincuencia.
El gobierno tiene que recuperar ese espacio público esencial porque, verdaderamente, si hay una lucha contra la violencia, como la que se está realizando, tiene que ser más efectiva en la recuperación de esos espacios tan importantes para la niñez y la juventud, indicó.
Urge erradicar las condiciones que mantienen a la población en la pobreza
El ombudsman hondureño recomendó al gobierno ser más previsor ya que no solo se trata de realizar intervenciones por medio de la policía si no que tiene que ver los grandes problemas que tiene Honduras y verlo desde el punto de vista de la seguridad humana.
Cómo hacer para ir reduciendo efectivamente la pobreza, qué hacer para generar empleo y de qué manera atender a los menos favorecidos, señaló.
Agregó que el CONADEH trabaja actualmente en 36 municipios del país donde está ofreciendo los espacios públicos para que participe el gobierno y la sociedad civil en la estrategia de seguridad humana para el desarrollo sostenible que se llaman Municipios de Bienestar Solidario.
Este martes el titular del CONADEH estuvo en los municipios de El Rosario y Campamento en el departamento de Olancho juramentando los sistemas locales de protección y promoción de los derechos humanos con la participación de las autoridades locales y representantes de instituciones y de la sociedad civil.
Afirmó que el propósito es contribuir a transformar Honduras, erradicando progresivamente las condiciones que mantienen a las personas en la pobreza, discriminación y exclusión social y posibilitando que las comunidades disfruten de un nivel básico de vida digna.
