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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, destacó la importancia de judicializar los casos vinculados con la crisis poselectoral y pidió evitar la impunidad de los hechos donde perdieron la vida varios hondureños.
“Es importante que todas las investigaciones que se han realizado, atinentes al problema de las muertes e inclusive lesiones que se sufrieron como resultado de los eventos posectorales, sean investigados y, al mismo tiempo, judicializados”, declaró.
El Ombudsman hondureño se refirió en esos términos luego que un sargento identificado como Omar Cáceres, fuera capturado por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), por suponerlo responsable de la muerte de un ciudadano, hecho ocurrido en las manifestaciones públicas del 15 de diciembre de 2017, en el sector de la Guacamaya, Cortés.
El Ministerio Público presentó, en las últimas horas, ante el juzgado con jurisdicción nacional, un requerimiento fiscal contra Cáceres, quien supuestamente se desempeña como sargento segundo de la Policía Militar del Orden Público.
El Defensor del Pueblo recordó que durante la crisis poselectoral emitió cuatro informes pormenorizados de las diligencias realizadas con relación a los fallecimientos acaecidos, los que fueron entregados a las instancias correspondientes para que se hiciera el requerimiento lo más pronto posible.
En el marco de la crisis, el CONADEH solicitó, tanto al Ministerio Público como a las autoridades judiciales, que investigaran, requirieran y se dedujeran las responsabilidades penales por todo acto de violencia arbitraria, proveniente de autoridades o de particulares, que pusieran en riesgo la vida e integridad de las personas y otros derechos fundamentales de los habitantes.
El Defensor del Pueblo es del criterio que debe haber una mayor celeridad en este tipo de diligencias para no dar la sensación de impunidad, que es lo que está prevaleciendo en la percepción de la comunidad nacional y que está afectando mucho con relación a la criminalidad reinante en el país.
Durante la crisis poselectoral hubo uso inmoderado de la fuerza
Señaló que, durante la crisis poselectoral, hubo un uso inmoderado de la fuerza, porque se privó de la vida a compatriotas hondureños, cosa que no se puede justificar ni por particulares ni por ninguna autoridad.
Añadió que se deben tomar en cuenta los convenios internacionales de derechos humanos que ya establecen principios relativos al empleo del uso de la fuerza y el uso de las armas por todas las personas encargadas de aplicar la ley.
El CONADEH atendió, durante el período de crisis poselectoral, unas 269 quejas vinculadas con la vulneración de una serie de derechos como la vida, integridad física, libertad individual, libertad de expresión, debido proceso y la inviolabilidad del domicilio, entre otros.
Las quejas atendidas, fueron remitidas al Ministerio Público para su debida investigación y eventual enjuiciamiento, tal y como lo establece la Ley Orgánica del CONADEH.
El CONADEH brindó acompañamiento y monitoreo un mínimo de 87 manifestaciones y actos de protestas, a nivel nacional, con el objeto de garantizar que la ciudadanía ejerciese su derecho constitucional a la manifestación y protesta social pacífica.
