Primicia Honduras Diario Digital 
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, hizo un llamado a la solidaridad nacional y solicitó apoyo a la comunidad internacional para velar por las más de 170,000 familias afectadas por la sequía en el corredor seco del país.
El Ombudsman hondureño abogó por la unidad de acción del Gobierno, el sector privado y la sociedad civil para realizar acciones inmediatas complementarias encaminadas a garantizar el derecho a la alimentación.
“Insto al Gobierno, al sector privado y sociedad civil, a nivel local y nacional, a realizar acciones inmediatas complementarias de solidaridad, planificación, coordinación y movilización conjunta para determinar y aplicar medidas eficaces conducentes a garantizar el goce efectivo del derecho a la alimentación, a la nutrición y el derecho a la salud de las personas”.
Herrera Cáceres giró instrucciones, a todos los delegados departamentales y regionales del CONADEH, que tienen competencia en los municipios afectados por la sequía, para que contribuyan a promover acciones concertadas, a nivel local, entre autoridades municipales y la comunidad para que faciliten garantizar la seguridad alimentaria, nutricional y de salud, en este momento de crisis.
Recomendó la urgente necesidad de implementar políticas y medidas económicas que garanticen el acceso a una alimentación y nutrición adecuada y un servicio de salud que corresponda a las necesidades de la población.
“Urgimos la adopción de medidas inmediatas de impacto duradero asociadas a las condiciones de vida de las comunidades, incluyendo la seguridad alimentaria y nutricional así como la salud de los sectores más necesitados”, indicó.
Agregó que la recurrencia y gravedad creciente del cambio climático y su impacto sobre las condiciones de vida, obliga al Estado a ejecutar planes de acción para atender la situación urgente por la pérdida de las cosechas y para recuperar la capacidad de producción y productividad de cultivos de granos básicos y crianzas, con el esfuerzo principal de las comunidades y autoridades municipales y el apoyo subsidiario del Gobierno nacional y de la cooperación internacional.
El Defensor del Pueblo es del criterio que si bien se tiene que dar prioridad a la atención humanitaria de las personas afectadas y que carecen de alimentos, también es necesario capacitarlos en materia de reservorios de agua y cultivos que sean resistentes a las altas temperaturas, así como apoyarlos en el acceso a créditos y utilización de tecnologías apropiadas.
Explicó que el corredor seco ha sido afectado por el déficit de lluvias (sequía) con importantes pérdidas agrícolas que inciden sustancialmente en la vida y la salud de las comunidades locales y en la seguridad alimentaria del pueblo.
“Al igual que lo hicimos en el 2014, hacemos nuevamente un llamado a las diferentes organizaciones y a la cooperación internacional para que apoyen a la población afectada por la sequía”, dijo el defensor del pueblo hondureño.
Se estima que hasta ahora, unas 65,000 familias de 74 municipios presentan una afectación severa, a las que se suman otras 51,800 familias de 34 municipios sufren una afectación moderada y alrededor de 53,000 familias de 37 municipios con afectación leve, que suman un total aproximado de 170,000 familias distribuidas en 145 municipios de los departamentos de Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Yoro, Choluteca, Intibucá, La Paz y Valle.
El Gobierno de la República declaró, este miércoles, emergencia en el corredor seco, del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2018, para enfrentar los efectos de la escasez de agua que ha provocado la pérdida de los cultivos y la capacidad adquisitiva de las familias en la zona afectada.
