El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, hizo hoy un llamado al gobierno y a los miembros del Colegio Médico de Honduras (CMH) a entablar, lo más pronto posible, un diálogo equitativo y responsables para la solución de sus diferencias y que no se siga afectando a los pacientes en los centros hospitalarios del país.
El ombudsman hondureño fue contundente al afirmar que los pacientes no tienen nada que ver en este tipo conflictos pese a que al final son los principales afectados.
“La salud es un bien público y un derecho humano individual del cual nadie debe ser privado ni impedido de ejercer efectivamente”, señaló.
Agregó que el Estado debe, principalmente, crear condiciones que aseguren, a todas las personas, asistencia y servicios médicos, y todos los sectores sociales y privados deben contribuir a ellos.
El Defensor del Pueblo sostuvo que el ejercicio del derecho humano a la salud de las personas no debe restringirse ni condicionarse, ni por el Estado ni por los gremios profesionales u otros particulares.
Declaró que el ejercicio del derecho a la salud está directamente unido al derecho a la vida digna y a condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos como los de educación, trabajo y participación política.
Herrera Cáceres reiteró su llamado, tanto al gobierno como al Colegio Médico de Honduras, a retomar el diálogo que permita resolver el problema que está afectando principalmente a los enfermos que llegan a los hospitales en busca de atención médica.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos mantiene una observación permanente en los principales hospitales del país.
Desde el 6 de noviembre pasado, los miembros del gremio de los médicos aglutinados en el Colegio Médico de Honduras, tomaron la decisión de realizar asambleas informativas luego de no llegar a un acuerdo con el Gobierno en el cumplimiento de sus demandas.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también conocido como “protocolo de san salvador”, establece en el artículo 10 que “toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”.
Añade que con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público.
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