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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Dr. Roberto Herrera Cáceres, lamentó y condenó la muerte del señor José Rafael Flores, ocurrida en los hechos violentos ocurridos en la zona de Río Blanco, en San Pedro Sula, en una acción de desalojo ejecutada por la Policía Municipal de esa ciudad.
El Defensor del Pueblo, quien se encuentra en gira de trabajo, en la costa norte, velando por la atención debida de las necesidades vitales de centenares de personas damnificadas por los desastres de los recientes huracanes, lamentó el fallecimiento de un joven y las lesiones sufridas por otras personas, resultado del enfrentamiento entre pobladores que se oponían al desalojo que estaba ejecutando la Policía Municipal. Condenó la vulneración del derecho a la vida o a la integridad física cuyos responsables deben Identificarse, conforme al debido proceso, y sancionarse, teniendo presente que ninguna autoridad puede utilizar medios violentos contra ningún habitante, salvo en casos especiales, expresamente autorizados que debe judicialmente acreditar.
“Hago un llamado, a los funcionarios encargados de investigar, requerir e impartir justicia, para que realicen una investigación seria y oportuna respecto a los hechos ocurridos y que se someta a juicio a la persona que dio muerte al joven este día. Asimismo, llamo a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, para que sigan los protocolos establecidos para el adecuado y racional uso de la fuerza, evitar el uso de armas de fuego, con el objetivo de resguardar los derechos de las personas a quien se aplica la ley y también resguardar los derechos del resto de los ciudadanos”, dijo el Ombudsman Herrera Cáceres.
El CONADEH insta a buscar las instancias necesarias y establecer un diálogo efectivo para encontrar las soluciones adecuadas al conflicto que se presenta en la zona de Río Blanco. Como institución constitucional de garantía de protección y respeto de los derechos humanos, hemos iniciado, de oficio, para que se deduzcan las responsabilidades de estos hechos violentos de consecuencias inaceptables en un Estado democrático de Derecho.
Personal del CONADEH se desplazó al lugar de los hechos y realizó las gestiones correspondientes ante el Ministerio Público, autoridades municipales y otras instancias de investigación, para que el hecho no quede en la impunidad.
