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La bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) denunció públicamente la intención que existe, en el Congreso Nacional, de reformar la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito con el propósito de beneficiar a diputados y altos funcionarios del Estado vinculados en la comisión de delitos como la corrupción y el narcotráfico.
De acuerdo a la denuncia, la iniciativa es promovida por un grupo de diputados supuestamente vinculados en la comisión de delitos por el Ministerio Público, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y fiscales de Estados Unidos que combaten el narcotráfico.
Según la bancada pinuista, el propósito de los diputados, que buscan reformar la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, es beneficiarse y “blindarse” aún más, junto a otros funcionarios del Estado, así como personas naturales y jurídicas responsables de cometer actos de corrupción y narcotráfico.
De acuerdo al análisis realizado por los diputados de la bancada pinuista, con dichas reformas se estarían abriendo las puertas a la figura del “testaferrato”, ya que de esta manera los testaferros pueden alegar que son terceros de buena fe y podrán otorgar una garantía para que no los priven de sus propiedades.
Todos los testaferros que aleguen no estar involucrados al proceso, pero que, si tienen el dominio o el goce de un terreno o de una casa producto del lavado, van a seguir gozando de su libertad si rinden caución o garantía.
Otra de las reformas planteadas es que se estaría ordenando el aseguramiento sin desplazamiento de bienes, lo que para la bancada del PINU-SD “es completamente absurdo” porque no se cumple con el fin de la medida y se favorece al imputado.
Además, pretenden que los bienes no sean custodiados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) sino por los acusados investigados.
También buscan, con dichas reformas, que se aplique la retroactividad de la Ley Penal sobre casos viejos pese a que la Ley de Privación de Dominio de Bienes Ilícitos es una ley administrativo jurídico penal.
“Buscan aplicar la retroactividad de la ley penal como hicieron con el caso de la Red de Diputados denunciados por la MACCIH”.
Señalan que, con dichas reformas, se busca “blindar” a altos funcionarios del Estado y modificar los plazos para que el Ministerio Publico solo tenga 6 meses para revocar una medida de incautación porque, pasado ese periodo, se tendrán que devolver los bienes.
Las pretendidas reformas aparecen en el marco de un triple escenario, primero el anuncio de los Estados Unidos de crear una fuerza de tarea regional anticorrupción en países del Triángulo Norte de Centroamérica. Luego, la determinación de un jurado en New York de declarar culpable de tres delitos de narcotráfico y posesión de armas al hondureño Geovany Fuentes.
A los casos mencionados, se suma la incautación de bienes al alcalde del Municipio del Distrito Central y aspirante a la presidencia de la República Nasry Asfura, por el gobernante Partido Nacional.
La bancada pinuista cuestionó que se quiera convertir al Congreso Nacional en un “bufete” para la defensa y garantía de impunidad, a través de la aprobación de leyes que beneficien a supuestos criminales.
Estudios de la Oficina de las Naciones Unidad Contra la Droga y el Delito (UNODC) estiman que hace más de una década las ganancias mundiales del crimen organizado ascendían aproximadamente a 870 mil millones de dólares por año, lo que equivale al 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial (valores del 2006).
Sin embargo, de toda esta riqueza generada por las actividades ilícitas, los Estados solamente lograban recuperar el 1% de estos capitales y activos a través de figuras como el comiso penal.
La bancada pinuista es del criterio que esa debilidad permite a las organizaciones criminales continuar con el financiamiento y desarrollo de sus actividades delictivas corrompiendo a funcionarios públicos y manteniendo su “estatus quo” a través de la generación de incidencias de violencia y aumentando los índices de homicidios en los países en América Latina
En el 2011, Honduras alcanzó una tasa de 86.5 homicidios por cada 100 mil habitantes superando casi diez veces la tasa mundial establecida en el Informe Mundial de Violencia y Salud en el año 2000, en 8.8 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En Honduras, la Ley sobre Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito fue publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” el 16 de junio del 2010, en respuesta a los daños ocasionados a la sociedad con actividades ilícitas como el robo de vehículos, la narcoactividad, el secuestro, el tráfico de ilegales, el sicariato y la criminalidad organizada, en general.
