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En el marco del mes del Orgullo LGTBIQ+, tiempo en que las calles se visten de colores celebrando la diversidad, es importante recordar que, a diario, integrantes de esta comunidad se enfrentan a la violación de sus derechos, estigmatización, discriminación, violencia y crímenes de odio a causa de su identidad, expresión de género y orientación sexual.
En lo que va del 2022, el observatorio de la Red Lésbica Cattrachas, ha evidenciado 10 muertes violentas de miembros de la comunidad LGTBI, de estás, solo dos casos han sido judicializados, y ocho siguen en impunidad.
La mora judicial en Honduras escala en cintos de víctimas mortales de la comunidad LGTBI. Desde el 2009, se han registrado 409 muertes violentas, y solo 91 casos han logrado ser judicializados y el resto en espera de ser investigados.
Actualmente, en Honduras no hay ninguna ley que reconozca los derechos de la diversidad sexual debido al fundamentalismo religioso que impera en el país, sin embargo, con el cambio de gobierno, se divisa la esperanza de un cambio tras las promesas de la primer mandataria Xiomara Castro, de trabajar en la creación de leyes de protección para personas LGTBIQ+, penalización de crímenes de odio y la aprobación de una ley de identidad de género que asegure la inclusión social.
Como parte de la sentencia que responsabiliza al Estado de Honduras por la ejecución extrajudicial de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y activista de la Organización Unidad Color Rosa, la presidenta Xiomara Castro, asumió públicamente la responsabilidad del crimen cometido en el año 2009 durante el Golpe de Estado.
“El Estado de Honduras por convicción moral y voluntad política del Gobierno que presido, y en cumplimento de la sentencia emitida por la CorteIDH en 2021 (…) hacemos este reconocimiento público como parte de las medidas de reparación por las violaciones de derechos humanos que culminaron en un vil asesinato (…) la violencia ejercida contra Vicky Hernández lo fue en razón de su expresión o identidad de género, se violaron los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, la libertad personal, la privacidad y libertad de expresión y al nombre”, declaró la presidenta Xiomara Castro.
“En nombre del Estado y como presidenta de la República, declaro que se asume la responsabilidad internacional de este vil crimen cometido en contra de Vicky Hernández y su familia como una fragante violación a los derechos humanos”, enfatizó Castro.
Tras la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), se ha ordenado al Estado Hondureño la creación de la Ley de Identidad de Género. El pasado nueve de mayo, la presidenta Xiomara Castro, anunció el inicio de un procedimiento que permitirá a las personas trans adecuar sus documentos de conformidad con su identidad de género autopercibida y diseñará un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGTBI, tal y como ordenó la Corte.
Las personas trans son particularmente vulnerables a la discriminación y estigmatización, al no reconocer legalmente su identidad de género no pueden acceder plenamente a sus derechos ciudadanos, siendo excluidas y excluidos del sistema educativo, salud, y el acceso a la justicia. Esto aumenta el analfabetismo en la población trans, el nulo acceso a un tratamiento de adecuación de hormonas, una atención integral en los centros de salud y un alto número de impunidad en asesinatos y otros crímenes de odio.
El reconocimiento de este derecho permitiría a las personas trans acceder a los mismos derechos que el resto de ciudadanos, de los cuales se les excluye de manera sistemática.
Sumado a esto, Dylan Duarte, primera persona trans en ocupar un puesto en el gobierno de Honduras, dio a conocer que el inicio de este procedimiento administrativo que permite el cambio de nombre en el Documento Nacional de Identidad “es un precedente histórico no solo para mí, sino también para todas aquellas personas trans que han estado por años luchando en un país que nos ha negado y coartado nuestros derechos de manera sistemática; este es un motivo de remembranza para las personas trans que ahora no están y que fueron las pioneras de esta lucha.”
Sin embargo, lo que puede representar el inicio de un logro, es también un llamado de alerta y la continuidad de la lucha por los derechos de las personas trans ya que “la adopción de este procedimiento es un gran avance en materia de derechos humanos, siendo un suceso histórico para la comunidad LGTBI, específicamente para las personas trans, pero seguimos luchando por este derecho, queremos que esto sea una ley no solo un procedimiento administrativo; no queremos que en un futuro este procedimiento sea negado o que futuras autoridades lo eliminen y perder este avance que nos están dando ahora.” manifestó Grecia O´Hara, miembro del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI SOMOS CDC.
La lucha por la aprobación de una ley de identidad de género y la reforma al reglamento y Ley del Registro Nacional, sigue siendo un punto en la agenda de organizaciones y colectivos LGTBI, especialmente para hombres y mujeres trans.
“Con la posibilidad de hacer nuestro nombre social, nuestro nombre legal, podemos dedicar todo nuestro tiempo y esfuerzo a la ley de identidad de género, pero, para que sea una realidad, necesitamos que los colectivos de hombres y mujeres trans tengamos un poco más de sincronía y reconozcamos que solamente trabajando en equipo con las personas LGTBI, las organizaciones socias, las personas e instituciones aliadas, vamos a poder presentar esa ley, defenderla y articular acciones para darle seguimiento y que sea reconocida por las autoridades e instituciones que tienen que legislar en favor de su aprobación” añadió O´Hara.
Por su parte, Dylan Duarte asegura que el hecho que el Registro Nacional de las Personas, apruebe el cambio de nombre en la cedula de identidad “no significa que esto pueda ser perpetuado cuando haya en Honduras otro gobierno, por ende, necesitamos una ley de identidad de género que nos permita que esos cambios sean permanentes.”
Las personas trans siguen en un estado de vulnerabilidad, donde la posibilidad de mantener el nombre acorde al género autopercibido, depende de un gobierno y su posición en cuanto al fundamentalismo religioso. La lucha por sus derechos y la permanencia del respeto a los mismos en una sociedad heteronormativa acostumbrada a ejercer violencia sistemática, deja a Honduras como un país opresor y violador de los derechos humanos, específicamente de la comunidad LGBTIQ+.
Este es apenas el comienzo de una larga serie de actividades para crear conciencia sobre la necesidad de respetar los derechos de la diversidad sexual, y el fortalecimiento de medidas legislativas que permitan garantizar los derechos de las personas trans.
(Vía: Centro de Derechos de las Mujeres)
