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TEGUCIGALPA. A través de una carta, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), califica como “tiro de gracia” la no renovación del convenio al trabajo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
Asimismo, el CNA reitera su compromiso de seguir trabajando con todas las instituciones y organizaciones comprometidas con su trabajo contra la corrupción e impunidad.
Carta integra
¡Sin justicia no hay democracia!
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) consternado por la connivencia alcanzada entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para dar un “tiro de gracia” con la no renovación del convenio a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), consideramos que es una acción que va en contra del reclamo popular frente al acceso a la justicia.
Es esa razón, que nos mueve como instancia de sociedad civil a dirigirnos al pueblo hondureño mediante esta Carta Abierta para dar a conocer las nefastas consecuencias que tiene haber suprimido la presencia de la Maccih, puesto que su única tarea fue penetrar mediante investigaciones robustas los engranajes del poder coludidos con el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción en el sector público y privado.
Frente a este deplorable hecho, podemos asegurar que ¡sin justicia no hay democracia!
Honduras ha venido sufriendo una serie de injusticias a manos de un pequeño grupo de astros alineados a favor de la corrupción y la impunidad, que han consagrado el debilitamiento de las instituciones públicas, la falta de garantía de los derechos ciudadanos, el empobrecimiento masivo y la exportación de mano de obra barata para sobrevivir con una economía sostenida por las horas trabajadas en condiciones extremas de parte de nuestros compatriotas.
La democracia es más que un procedimiento: consiste en la participación ciudadana; en que las decisiones recaigan en la soberanía del pueblo pues es el combustible de la legitimidad y la demostración del reconocimiento ciudadano. Mientras que la función de la justicia redistributiva y social debe estar guiada por políticas públicas que aseguren que todas y todos seamos tratados como iguales en los servicios del Estado: situación que por lejos ocurre en esta Honduras.
En ese sentido, debemos ser claro que el único propósito por el cual llegó la Misión, y que tuvo su razón de ser en el reclamo popular de toda una nación que se movilizó de manera indignada por los descomunales índices de corrupción, fue para contribuir al fortalecimiento de las instituciones públicas con un fuerte acento en los operadores de justicia que distan mucho de ser independientes.
Tras décadas de corrupción y saqueo del patrimonio público, las condenas son escasas y resultan irrisorias, existen cientos de causas “engavetadas” y quedan, por ejemplo, descaradamente impunes. Por eso afirmamos que la “inseguridad es hija de la corrupción” y que “la corrupción mata”.
La única propuesta gubernamental ha sido el retroceso, el totalitarismo y más años de oscuridad. Y es que los poderes públicos y las instituciones están fuertemente atravesadas por la cultura de la mafiosidad: la asociación ilícita de funcionarios con grupos privados y transnacionales en beneficio personal, la cultura de la sobrevaloración en la obra pública, el narcotráfico, la trata de personas, la complacencia con los miles de espacios laborales que ejercen el trabajo esclavo, el comercio de armas, los negocios supermillonarios a costa de la contaminación del agua y el medio ambiente, y el reparto impune del subsuelo, la tierra pública y los bienes comunes.
Así que con un nudo en la garganta vemos como los atropellos están por encima de los intereses nacionales y que los valiosos aportes que consumó la Maccih se pueden desvanecer en los anaqueles de la historia -si como ciudadanía- no actuamos a tiempo como en aquel 2015 que nos dimos cuenta que la soberanía popular si es posible ejercerla.
Creemos que las decisiones económicas y las políticas deben estar siempre motivadas por el bien de las personas, considerando de un modo privilegiado a los más vulnerables, a los más pobres. No podemos resignarnos a aceptar la inequidad y la injusticia social como datos de la realidad. No podemos separar la ética de la vida ni de la economía, mucho menos del acceso a la justicia.
Hoy la historia nos ratifica que precisamos de un giro de timón y avanzar hacia una sociedad que garantice a todas y todos los hondureños la plena vigencia de los derechos humanos, en forma integral y de manera justa y equitativa. También se deben garantizar los derechos políticos que constituyen el instrumento esencial para la participación ciudadana y el eje central del sistema democrático.
Porque en Honduras hemos de preguntarnos ¿en dónde está, entonces, la democracia? ¿A cuáles definiciones responde un sistema incapaz de proporcionar la menor esperanza de seguridad y justicia para sus ciudadanos? Los avances que dejó la Maccih en la persecución de los delitos de alto impacto, aun con su enorme relevancia, que significaría la consolidación del sistema de justicia, con su expulsión dejaron de ser suficientes para garantizar la paz en Honduras.
