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El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, reiteró que una de las reales razones de la huelga en el gremio docente del país es esconder actos de corrupción de su dirigencia, por lo cual pretenden chantajear al Gobierno para que pare las investigaciones iniciadas por los entes respectivos.
El funcionario detalló en qué consiste uno de estos actos de corrupción, donde ya se ha emitido sentencia en materia penal.
Precisó que son 67.500.000,00 lempiras que no se sabe dónde se encuentran, según denuncia del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma) contra el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah).
“Hemos mostrado sólo una parte de todo ese conflicto que hay en el manejo de fondos provenientes de aportaciones que se le deducen a cada docente y que van a los colegios magisteriales, y de aquí para allá ellos tendrán que rendirle cuentas a sus agremiados”, explicó.
Tres delitos graves
El ministro Díaz consideró que esta es la oportunidad para que la base del magisterio exija cuentas claras a sus dirigentes de cómo manejan sus recursos, porque están en juego grandes cantidades de dinero y graves acusaciones, no del Gobierno, en contra de los dirigentes magisteriales.
Son acusaciones que tienen tres elementos, agregó: denuncia de lavado de activos, que conlleva una serie de delitos conexos por el manejo de recursos; un segundo elemento que tiene que ver con asociación ilícita y un tercero que es una solicitud de incautación de bienes.
Díaz adicionó que un punto a destacar es que ya hay una sentencia firme condenatoria, que ya no admite apelaciones ni revisiones, salvo un recurso de casación, que es lo último a lo que se puede recurrir en casos extraordinarios.
“Sobre esa sentencia judicial firme se sustenta la denuncia del Pricphma y estamos claros que no es un asunto provocado por el Gobierno; es más, esa denuncia es anterior a los conflictos actuales”, sustentó.
En ese sentido, dijo que el reclamo del Gobierno radica en que se ha solicitado la intervención del Ejecutivo con uno y otro lado, “y nosotros hemos sido claros que no podemos intervenir en eso”, ya que esto es tarea de los órganos de investigación como el Ministerio Público.
“Por eso -prosiguió- es que nos parece que cuando existen todos estos elementos en una aparente lucha social se tiene que determinar si los argumentos que esgrimen son válidos o no”.
Detalles del delito
La denuncia consiste en que, sobre las deducciones que van en la planilla como aportación del docente al gremio magisterial, el Colprosumah hizo un convenio con una asociación civil para que administrara las recaudaciones y luego el Colprosumah les daría a los otros colegios magisteriales la parte que debería corresponderles, explicó el ministro de la Presidencia.
Pero, según la denuncia, esta asociación sólo le dio los recursos al Colprosumah, y al Pricphma le quedó debiendo nueve millones de lempiras, y lo que complica más el asunto es que ya existe una sentencia condenatoria de carácter penal en contra del administrador de esa asociación, por lo que ya el caso no está basado en sólo supuestos.
Además, el Colprosumah no sólo se quedó con ese dinero, sino que lo depositó en su fondo de ayuda a los maestros denominado “Leovigildo Pineda” y no rindió cuentas de qué destino le dio a los recursos.
“Estamos hablando de una denuncia fuerte; estamos hablando de una demanda seria, de una dirigencia en contra de otra dirigencia, estamos hablando de los dineros de los aportantes que estos confían a sus dirigentes, para que se los manejen con transparencia”, apuntó el funcionario.
“Los mismos dirigentes nos han puesto en contexto de lo que está pasando al interior -dijo Díaz- y eso nosotros no lo sabíamos hasta hace 10 días que nos damos cuenta y que unos dirigentes nos hablaron para parar esto (la investigación) o empujar”.
Refirió que se habla de una prueba irrefutable de cosas que están sucediendo al interior del magisterio y quienes alertan al Gobierno sobre el tema de los malos manejos son los mismos dirigentes, quienes exponen que tienen la problemática ante la mesa.
Díaz expuso que cuando sale la denuncia de que hay un chantaje para favorecer a uno o a otro se habla de una prueba irrefutable, de cosas que están sucediendo y que piden que el Gobierno favorezca a uno u otro.
Respecto de hasta dónde llegará el asunto, afirmó que en los tribunales de justicia o hasta donde llegue el Ministerio Público, y sobre la actitud del Pricphma, refirió que es correcta, al tratar de defender los dineros de sus afiliados.
No es ningún invento
El ministro de la Presidencia afirmó que en esos asuntos el Poder Ejecutivo no tiene nada que hacer porque es un problema interno de las organizaciones magisteriales y el Estado interviene solo cuando hay delito, pero lo que denota la denuncia del Pricphma es que “busca defender los recursos de sus bases”.
Díaz manifestó que no fue él o el Gobierno quien se inventó la denuncia, sino que “simplemente fue algo que se puso en la mesa; los dirigentes pidieron que se presentaran pruebas y ante las solicitudes entonces se ha procedido a mostrar que sí es cierto y que es un asunto interno por el orden de 67 millones de lempiras, que no nos parece poco”.
Luego enfatizó que no es el Gobierno quien está denunciando al Colprosumah y que el caso sale a luz pública porque algunos dirigentes pidieron que el tema corriera y otros pidieron que no se paralizara la investigación.
“Denunciamos lo que se puso en la mesa de negociación para desmontar las movilizaciones”, dijo.
“Lo que sí voy a decir de manera categórica es que como Gobierno no hemos intervenido en esto; esto no nace del Gobierno, ni vamos a intervenir en ningún sentido porque es algo que está en el Ministerio Público y allí es donde se va a dilucidar por responsabilidad de lavado de activos y asociación ilícita y eso lo va a determinar un juez a instancia del Ministerio Público”, indicó.
Díaz reiteró que el Gobierno no tiene una posición radical de decir que nada es negociable o no se va a realizar alguna cosa, porque “lo que sí hemos dicho es que si nos vamos a sentar a la mesa debe ser con sinceridad, poner todas las cartas sobre la mesa y que sea un debate abierto”.
El Gobierno quiere que el pueblo, a través de los medios de comunicación, se dé cuenta para evitar las negociaciones tras bambalinas o estar pidiendo cosas que no son correctas.
“No se debe caer en que son solo los temas de PCM (decretos ejecutivos sobre la transformación en Salud y Educación), sino el interés de una gran cantidad de cosas que por un lado son de interés de los gremios magisteriales, y por otro lado de médicos y enfermeras”, insistió.
Refirió que se han aglutinado bajo el amparo de una plataforma que lucha por la no privatización y los despidos masivos, “pero los intereses son personales; cada quien tiene sus pretensiones legítimas y por lo tanto no se va a resolver con una sola sentada: ‘deroguemos’ y cada quien se va para su casa, y eso es lo más ingenuo que puede haber”.
“No hay posición radical”
“No hay posición radical. Sí hay disposición para dialogar en un ambiente de franqueza, transparencia, y no llevar posiciones radicales, sino construir”, dijo Díaz, quien agregó que se necesita “que haya atención en salud, dotación de medicamentos y que no se sigan perdiendo medicamentos que no llegan al paciente”.
Al mismo tiempo, debe haber transparencia en el manejo del equipo médico. “¿Cómo es eso que las máquinas están malas para que la gente se vaya a operar a los centros médicos?, y entonces culpan al Gobierno por la no compra de un repuesto y resulta que la han averiado para que la gente vaya a pagar grandes cantidades por operaciones en centros privados”, cuestionó.
“¿A quiénes les interesa que eso no se corrija?”, se preguntó Díaz para luego remarcar que en el sector educativo hace siete años no se presentaban paros de labores, “y si bien hay mucho por solventar, una premisa es que haya calidad educativa”.
“Es doloroso ver el nivel educativo de los niños de escuelas públicas y al hacer una prueba a uno que estudia en privada y otro en pública se va a notar la diferencia”, comparó.
“La educación pública debe ser mejor, y es posible, que la privada; un día tenemos que lograr con los docentes que retornen los niños a la educación pública, porque el padre paga porque ha perdido confianza en la calidad educativa de los centros públicos. Eso es privatización de la educación”, manifestó.
Díaz afirmó que “la gratuidad de la educación no es un discurso, es un hecho; queremos a los niños recibiendo clases, recibiendo educación de calidad y bien atendidos. No somos un país rico, tenemos limitaciones, pero podemos formar mejore a nuestras generaciones”.
No interesa dañar al magisterio, tampoco despedir porque “más bien hay una lista de docentes que se deben contratar porque debe haber una cantidad de docentes con la cantidad de niños que reciben clases, que se deben reparar los centros escolares, se han reparado más de 900, pero son más de 20.000 los que se deben cuidar”, concluyó el ministro de la Presidencia.
