La reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto, en su artículo 131-A, debe ser derogada.
Así coincidieron el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Confraternidad Evangélica y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), de la Universidad Nacional autónoma de Honduras (UNAH).
Las representaciones de la sociedad lamentan la reforma que blinda a diputados y funcionarios de las tres últimas administraciones para que tengan impunidad.
“Exigimos de manera enérgica como organización de sociedad civil, dedicada a la prevención y combate a la corrupción para que derogue la reforma aprobada y se deje en su estado original a la Ley Orgánica de Presupuesto”, señala el comunicado del CNA.
UNAH
El IUDPAS valora que el fortalecimiento de las instituciones y la construcción del Estado de Derecho es uno de los déficits de nuestros sistema político.
Señala que el desencanto de los ciudadanos con la democracia, reflejado en la cada vez más creciente porcentaje de hondureños que no ejercen el derecho al sufragio (16 % 1985 al 48 % en 2017), radica en la falta de credibilidad en las instituciones y en la clase dirigente, y en la frustración al constatar que las instituciones y los dirigentes políticos no se colocan de lado de los grandes intereses nacionales.
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“El combate a la corrupción y a la impunidad debe ser una prioridad del Estado de Honduras, y cualquier disposición legal que retrase, obstruya, proteja y coloque a ciudadanos por encima de las leyes nacionales, se entiende como falta de voluntad para el desarrollo y fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
Sugieren que “una rectificación de la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto aprobado el 18 de enero, se hace necesaria y urgente. Esperamos que los Diputados que han tomado posesión para el período 2018- 2022 no defrauden a los ciudadanos que les han favorecido con su voto”.
Iglesia
La Confraternidad Evangélica, por su parte, lamenta la reforma hecha por el Poder Legislativo, al tiempo que califican el decreto ley como “confuso” que incomunica que hay consistencia gubernamental con el combate a toda acción ilícita.
También, el cuerpo evangélico urge al CN que revoque la infortunada reforma. “Además de buscar el desempeño de la justicia la enmienda necesaria nos libra de mayor deterioro de la imagen de país ante la comunidad internacional”.
Cohep
Por su lado, el Cohep condenó cualquier acto de los poderes e instituciones del Estado que promueva la corrupción e impunidad en el país.
La iniciativa privada alega que Honduras requiere medidas efectivas en la administración de la justicia sobre todo en temas relacionados a la corrupción y combate a la impunidad.
El cuerpo gremial asevera que la reforma violenta una serie de principios legales, lo que debilita la institucionalidad hondureña y da pie a que se promuevan acciones de inconstitucionalidad por razón de forma y fondo contra esta reforma.
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