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El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a través del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA), presentó un informe denominado: El dudoso escenario que rodea las contrataciones para el proceso electoral general 2021 en Honduras, mismo que puntualiza la adjudicación de las contrataciones especiales, tanto del sistema para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), escrutinio y divulgación de resultados, como de la
identificación biométrica de los electores en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), con respecto a los comicios generales de este año.
Mediante la auditoría investigativa efectuada a las empresas adjudicatarias de dos procesos de contratación del ente electoral, el CNA determinó que Magic Software Argentina (MSA) ha presentado antecedentes considerados como posibles riesgos técnicos para llevar a cabo el sistema integral de software del TREP, debido a su alta vulnerabilidad frente a terceros.
Sobre la contratación de Comunicaciones Globales, el informe apunta que es una sociedad mercantil que incumplió con sus obligaciones contractuales con el Estado hondureño en dos ocasiones: una de ellas entregando suministros sobrevalorados y de mala calidad en un contrato suscrito con la municipalidad de La Ceiba situación por la cual el Consejo denunció en 2014 a sus representantes por el posible delito de fraude; y en otra por no entregar el equipo dentro del plazo establecido en un contrato con la Secretaría de Seguridad.
De manera simultánea, la instancia de sociedad civil estableció que otra de las empresas contratadas bajo el nombre de International Technology Group (ITG) S. A. se encuentra íntimamente relacionada con la empresa Sistemas Abiertos S. A. (SASA); ambas poseen los mismos accionistas, pues se trata de sujetos que en el pasado no han correspondido a sus compromisos contractuales con el Estado de Honduras, la estructura societaria atrás de ITG, por medio de SASA, en el pasado incumplió en más de una ocasión lo pactado a través de instituciones como el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Secretaría de Educación y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); la investigación también señala que ITG incumplió en la contratación suscrita con la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras y que presentó documentación falsa con el fin de ser la empresa adjudicataria.
La sociedad encargada del proceso biométrico es Smartmatic International Holding B. V. en el pasado fue partícipe de procesos electorales en Venezuela, Italia, El Salvador, Los Estados Unidos, entre otros, en los cuales ofreció un sistema de software que fue altamente cuestionado, debido a que no reunía las condiciones necesarias que aseguraran a la institucionalidad un procedimiento que cumpliera con los requisitos esenciales como seguridad, equidad, accesibilidad y confianza.
Los resultados de esta investigación son parte de la relación de hechos que opacan la confianza de la ciudadanía. El CNE está obligado a implementar un sistema eficiente que brinde a la población hondureña resultados inmediatos, veraces y confiables en el conteo de votos, al igual que un sistema tecnológico con la capacidad de detectar cualquier inconsistencia para garantizar elecciones libres, abiertas y transparentes.
Son por estas razones que, sin excusa, las autoridades están bajo la responsabilidad de esclarecer este lúgubre escenario en relación a todo lo que antecede a las empresas que serán las encargadas de garantizar los resultados de las próximas elecciones generales, por lo que se convierte, además, en un deber, que la ciudadanía vote de manera masiva, consciente y se organice para poder hacer vigilancia social en el escrutinio del voto
