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TEGUCIGALPA. Diez nuevas líneas de investigación ha documentado en las últimas horas el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en relación a casos de corrupción en Honduras.
Directivos de ese organismo revelaron que estos expedientes están por ser completados y entregados al Ministerio Público. Los perjuicios económicos ascienden a varios centenares de millones de lempiras, según trascendió.
El Consejo Anticorrupción ha presentado un informe sobre diversos capítulos de deshonestidad y un análisis que muestra cómo operan las redes integradas por funcionarios y ex servidores públicos, coludidos con algunos empresarios.
En Honduras opera un verdadero cartel de la corrupción con una área de acción extendida, lo que hace difícil su combate, revela el reporte del mencionado organismo que propugna por la transparencia.
Uno de los expedientes presentados por el Consejo Anticorrupción es el que compete a varios contratos que fueron adjudicados a personas vinculadas con el crimen organizado por parte de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), que luego pasó a llamarse Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).
La investigación refleja que las obras viales otorgadas a miembros de la familia Rivera Maradiaga representaron montos superiores a los 125 millones de lempiras.
Según el organismo no estatal, varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), fueron creadas como parte de un esquema de contratación que hizo posible la sustracción de fondos públicos destinados para obras que no llegaron a ser ejecutadas.
El Consejo Nacional Anticorrupción presentó otros cuatro casos que han sido trasladados al conocimiento del Ministerio Público en el período entre 2016 y 2018.
Irregularidades
Uno de ellos apunta las irregularidades cometidas en distintas gestiones de la Secretaría de Salud e implica a la empresa Astropharma, en la compra de medicamentos e insumos sobrevalorados y de inadecuada calidad.
También se han identificado carteles de corrupción en el Programa de Asignación Familiar (PRAF), en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y en el Despacho de la Primera Dama, que es el expediente que se ventila contra Rosa Elena Bonilla, esposa del ex presidente, Porfirio Lobo Sosa.
Una práctica que ha sido común y determinante en estos casos, es el fraccionamiento de los contratos para evadir las exigencias establecidas en la Ley de Contratación del Estado, la adjudicación de contratos a la misma empresa, aumento desmedido en el valor de los productos vendidos y colusión por parte de altos funcionarios y familiares.
El Consejo Nacional Anticorrupción ha entregado más de 70 líneas de investigación a las instancias pertinentes y están en proceso las que se desprenden de diez nuevos casos.
De este portafolio, únicamente han sido judicializados entre 13 y 15 casos, un impacto mínimo que, a criterio de sectores de la sociedad civil, no contribuye en mucho a sentar precedentes para los corruptos.
