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El Congreso Nacional aprobó varios artículos que se refieren a delitos contra la administración de la justicia como el prevaricato, falso testimonio y coacción judicial, figuras incluidas en el nuevo Código Penal.
Asimismo, continuó con la aprobación de las reformas a la Ley de Aeronáutica Civil y sancionó una iniciativa orientada a traspasar un terreno en El Progreso, Yoro para la construcción de un proyecto habitacional para favorecer a los pobladores de los bordos de Río Blanco de San Pedro Sula.
En ese sentido, en la sesión se continuó con la aprobación en tercer y último debate del nuevo Código Penal a partir del capítulo I que contiene los delitos contra la acción de la justicia, encubrimiento, eximente de responsabilidad, omisión del deber de perseguir delitos; el capítulo II que se refiere a los delitos de la obstrucción al ejercicio de la justicia, prevaricato judicial, denegación de justicia, realización arbitraria del propio derecho, falso testimonio, intimidación a testigos y otros intervinientes en el proceso penal, revelación de identidad de testigo protegido y delito de falta de registro de clientes y su identificación.
Igualmente, se aprobó el capítulo III que se refiere a los delitos contra la autoridad de la justicia, coacción judicial, cohecho a sujetos procesales, desobediencia a mandato fiscal o judicial, quebrantamiento de condena o evasión y favorecimiento de la evasión; el capítulo IV tiene que ver con los delitos contra el sistema de justicia, falsa denuncia o acusación, simulación de infracción inexistente y deslealtad profesional. En este capítulo se suspendió la aprobación del artículo 527.
Ley de Aeronáutica Civil
Además se continuó con la aprobación en tercer y último debate de las reformas a la Ley de Aeronáutica Civil, cuyo objetivo es la adecuación de la legislación actual con las normas internacionales lo que permitirá la certificación de los aeropuertos hondureños que pasarán de la categoría B a la categoría A
En la sesión participaron el director de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), Wilfredo Lobo Reyes y los funcionarios Carmen María Maradiaga López, Lenín David Valeriano Menjívar, Elia Gabriela Guerra Navarro y Roberto O´Connor Rodríguez.
El proyecto de ley fue enviado por el Poder Ejecutivo y dictaminado por la comisión ordinaria de defensa y soberanía que encabeza el diputado David Chávez Madison, y representa una reforma completa a la Ley de Aeronáutica Civil con el objetivo de ponerla a tono con la normativa internacional, lo que representa que con sólo contar con esa legislación los aeropuertos hondureños pasarían de la categoría B a la categoría A, mejorando las condiciones de tráfico aéreo lo que tendrá una incidencia directa en el costo de los pasajes y pueda permitir con mayor éxito el esfuerzo del gobierno en el sentido de tener mayor conectividad con la atracción de más líneas aéreas al país.
El decreto está orientado a reformar los artículos dos, tres, párrafo cuatro, seis, siete, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 35, 39, 43, 44, 53, 63, 67, 69, 70, 71, 74, 82, 87, 94, 98, 99, 100, 101, 106, 113, 115, 119, 131, 134, 148, 149, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 175, 226, 246, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 y 306 de la Ley de Aeronáutica Civil, contenida en el decreto 55-2004 del 5 de mayo de 2004.
Estas reformas fueron ampliamente consensuadas con las autoridades aeronáuticas y los operadores aéreos y la misma viene a darle competitividad al país, viene a certificar los aeropuertos y sobre todo tiene una gran importancia para que los operadores aéreos nacionales se vuelvan competitivos en relación a las líneas aéreas internacionales.
Tanto la comisión de dictamen como las autoridades de la AHAC, señalaron que ley debe ser aprobada antes del 21 de agosto próximo cuando personeros de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), visiten el país para hacer una primera auditoría a los aeropuertos para poder certificarlos y pasar de categoría B que es intermedia a la categoría A que es lo máximo como lo tienen en este momento Guatemala y El Salvador que son más competitivos.
En el articulado se estable que las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de aeronáutica civil, tienen el deber de acatar de forma irrestricta las disposiciones contenidas en la ley y su reglamento así como las regulaciones que en materia de su competencia emita la AHAC.
Honduras es signatario del Convenio de Chicago y por lo tanto está sujeto a las normativas de la OACI, que hace auditorías a todos los Estados miembros y en ese sentido, el país será objeto de auditorías, no solamente en el campo de la seguridad operacional, sino también en los procesos que se está siguiendo de certificación de los aeropuertos y buscará en los próximos meses buscar la categoría uno ya que es el único país de la región centroamericana que no cuenta con esa categoría.
Advirtió que en ese sentido, es fundamental actualizar y modernizar la ley para ponerla a tono con las normativas vigentes de la OACI y el próximo 21 de agosto llegarán al país los auditores de ese organismo para hacer una auditoría al Estado de Honduras por lo que es importantísimo que antes de esa fecha la ley esté aprobada porque de no ser aprobado esa organización internacional lo tomará muy en cuenta y eso resta puntos en el proceso de auditoría y certificación.
La finalidad de la ley es promover el desarrollo nacional apoyando y fomentando la realización de actividades vinculadas al subsector de aeronáutica civil creando las condiciones necesarias y/o ejecutando acciones administrativas, técnicas y operacionales de regulación y promoción para operar servicios de transporte aéreo interno e internacional en forma ordenada, segura, eficiente y confiable, cumpliendo con los objetivos establecidos en la ley.
Proyecto habitacional
En la sesión de este martes, se aprobó con dispensa de dos debates, un proyecto de decreto enviado por el Poder Ejecutivo, orientada a instruir y autorizar a la Procuraduría General de la República (PGR), para que en nombre del Estado de Honduras con la intervención de la Dirección General de Bienes del Estado, comparezca ante notario público a transferir de forma definitiva a título gratuito e irrevocable a favor de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda), un lote de terreno de 10 manzanas ubicado en el lugar denominado aldea de Las Minas, jurisdicción de El Progreso, departamento de Yoro, inmueble que tiene una extensión superficial de 69 mil 722.52 metros cuadrados equivalentes a 99 mil 999.90 varas cuadradas.
Dicho lote se parceló para desarrollar mejoras consistentes en la lotificación habitacional denominada Residencial Las Minas, traspasándose a favor de Convivienda la totalidad de los lotes individualizados dentro de ese inmueble.
En la sesión participó el comisionado presidente de Convivienda, Sergio Amaya, y la secretaria general, abogada Díaz Lupián. Amaya explicó que en el predio se reubicará a las familias que están en los bordos de Río Blanco de San Pedro Sula, donde se contempla la construcción de un centro comunal, una escuela y la reinserción económica de los habitantes.
Manifestación e iniciativas
Durante la sesión de este día, el jefe de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), José Manuel Zelaya, leyó una manifestación dirigida al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que tiene que ver con el manejo de las credenciales para los representantes de las Mesas Electorales Receptoras (MER).
En iniciativas, el diputado nacionalista por Olancho, Reinaldo Sánchez, introdujo un proyecto de decreto orientada a reformar por adición el artículo 121 agregando el artículo 121-A de la Ley de Tránsito en el que se crea el Programa Nacional de Prevención, Seguridad y Educación Vial, adscrito a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte que tendrá la finalidad de concientizar a la población sobre su participación en la responsabilidad y compromiso de la prevención de los accidentes viales a través de la formación y actualización continua en el tema de la seguridad vial, así como sensibilizar sobre el impacto negativo que tiene las muertes y lesiones por accidentes de tránsito en el ámbito personal, familiar, social y de salud pública.
Por su lado, el también diputado nacionalista por Olancho, Francisco Rivera, presentó una iniciativa para autorizar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), para que realice traslados presupuestarios internos lo que no implica ningún gasto adicional y un segundo proyecto es para autorizar al Benemérito Cuerpo de Bomberos a utilizar estructuras presupuestarias para realizar una nivelación salarial a partir del 1 de enero de este año para el personal que labora en esa institución.
El presidente en funciones del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, suspendió la sesión y convocó para una nueva reunión este miércoles 26 de julio a las 2:00 de la tarde.
