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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la “grave” violencia que sufren las mujeres en Honduras y los “altos índices de impunidad”.
Asimismo, señaló como por el impacto de la situación socioeconómica del país en los niños y jóvenes.
La CIDH manifestó su preocupación por “las diversas formas en que (la violencia) se expresa y sus consecuentes altos índices de impunidad”, indicó la Comisión Interamericana en su informe preliminar tras concluir una visita de una semana al país.
El documento señala que el 90 por ciento de los casos de feminicidios en Honduras “continúan en la impunidad, facilitando la violencia y discriminación de género”.
La delegación de la CIDH observa también “con preocupación la violencia ejercida contra mujeres en situación especial de riesgo, tales como mujeres LBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales) y defensoras de derechos humanos”.
“Estos actos de violencia no son actos aislados, sino que son sintomáticos de un patrón de discriminación estructural contra las mujeres”, señala el informe, leído por el relator para Honduras sobre personas privadas de libertad, Joel Hernández.
Destaca que el machismo y los estereotipos de género arraigados en la sociedad hondureña “incrementan la situación de riesgo de las mujeres, y les impide el completo ejercicio de su derecho a vivir una vida libre de violencia”.
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También expresó su preocupación “por la naturaleza interseccional del riesgo que viven las mujeres con base en factores como orientación sexual e identidad de género, discapacidad, etnia o raza”, y resaltó “la afectación en los derechos de las mujeres afrodescendientes y garífunas”.
Sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes, la Comisión señala que el aborto en Honduras “continúa penalizado en todas las circunstancias, incluyendo cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer”.
“Honduras es uno de los cinco países del mundo que no prevén al menos las causales mínimas para la realización de un aborto”, señaló.
A ello se suma, señala el informe, el dictamen de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe la pastilla de anticoncepción oral de emergencia, ya que su promoción, uso, venta, distribución y compra “tiene penas equivalentes a las del aborto, incluso en casos de atención a la víctima de violación”.
La CIDH resaltó la falta de planes integrales de prevención, educación y acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, incluyendo a métodos de planificación familiar.
“Resulta preocupante el impacto que la situación socio-económica tiene en los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en su bienestar y en las oportunidades que tienen de desarrollarse plenamente”, enfatizó la comisión.
Añade que la pobreza infantil en Honduras es la “más severa en toda América Latina” y, además, 435.000 menores trabajan y más de un millón de entre 3 y 17 años no acude regularmente a la escuela o están fuera del sistema educativo.
“Los indicadores son aún más abrumadores en la niñez indígena, afrodescendiente y con discapacidad, y debe prestarse especial atención a la integración al sistema educativo de la niñez migrante retornada y la desplazada por la violencia”, subraya el informe.
La CIDH reiteró su preocupación por el programa “Guardianes de la Patria”, que impulsa el Ejército hondureño, con apoyo del Gobierno, para controlar la presencia de maras y pandillas en las escuelas, así como la venta y el consumo de drogas.
Ese programa impulsa “una cultura castrense y contraria a la paz, además de estigmatizar y poner en riesgo a los niños y las niñas de determinados sectores sociales”, añade el informe de la CIDH.
El clima de inseguridad y violencia que afecta a Honduras “es particularmente pernicioso” para la infancia, considerado uno de los grupos que “se ve más afectado en el goce de sus derechos”, indicó la CIDH, que visitó el país atendiendo una invitación del Gobierno hondureño.
