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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que ante la “situación de impunidad y violencia que históricamente ha enfrentado Honduras“, el Estado debe “redoblar esfuerzos”.
La Comisión pidió al gobierno del presidente reelecto bajo un supuesto fraude electoral, Juan Hernández, garantizar los derechos de la población y que esta recupere la confianza en sus instituciones.
“En relación con la institucionalidad democrática y el Estado de derecho persisten serios desafíos. La situación de impunidad estructural y la corrupción han erosionado la confianza en las instituciones públicas”, indicó la CIDH en su informe preliminar.
La delegación de la CIDH vino a Honduras atendiendo una invitación del Gobierno de Honduras hecha el 15 de noviembre de 2017.
¿Autocracia?
El informe, que fue leído por el relator para Honduras sobre personas privadas de libertad, Joel Hernández, señala que el reciente proceso de elección del fiscal general mostró la debilidad de la normativa y la necesidad de regular la misma.
El fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla, recién fue electo por el Parlamento de Honduras, pese a no figurar en una lista presentada al legislativo por una junta proponente, y ante la falta de acuerdos entre los 128 diputados, en los que el Partido de gobierno no tiene amplia mayoría.
“También resultó preocupante la falta de equilibrio entre los poderes públicos que permitan el óptimo funcionamiento del Estado de Derecho”, añade el informe.
Destaca que la desigualdad y falta de desarrollo para algunas poblaciones está “enraizado en un sistema que beneficia a una elite minoritaria, la cual tiene relaciones con altas esferas de poder político y privado”.
“En este contexto, se presenta una desigualdad estructural que afecta de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad”, resalta el informe de la CIDH.
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Sobre la crisis surgida en el país después de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, en las que la oposición aduce que hubo “fraude”, la Comisión Interamericana “observó que persiste un clima político polarizado”.
“Dada la percepción pública sobre la falta de legitimidad de las elecciones, se generaron protestas que fueron reprimidas mediante un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza”, señaló.
En la represión, añade el informe, también participaron las Fuerzas Armadas, en contradicción con los estándares interamericanos en la materia.
En un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, indicó la CIDH.
“La respuesta estatal a las manifestaciones tuvo como consecuencia por lo menos 22 personas que fueron asesinadas; cientos de personas resultaron heridas, incluidos agentes de las fuerzas de seguridad, y más de mil personas fueron detenidas, muchas de la cuales denunciaron malos tratos durante la captura y posterior privación de libertad”, agrega el informe.
