CIDH y OACNUDH preocupados por campaña contra periodistas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresaron el viernes su preocupación ante las campañas y hostigamientos en contra de periodistas y defensores de Derechos Humanos (DDHH).

Compartimos el comunicado:

CIDH y OACNUDH expresan preocupación por amenazas y prácticas de hostigamiento contra personas defensora de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación en el contexto post-electoral en Honduras.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresan profunda preocupación ante las amenazas y hostigamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, en el contexto post-electoral, e insta al Estado de Honduras a adoptar medidas que garanticen un entorno seguro para que puedan realizar libremente su labor.

La OACNUDH ha podido documentar durante la crisis post electoral un número creciente de denuncias de actos de intimidación y hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, que habría afectado a más de 50 personas en los departamentos de Atlántida, Yoro, Cortes y Choluteca.

Estos actos, que se habrían intensificado después del 20 diciembre, y que han sido materia de pronunciamiento de ambos órganos internacionales de derechos humanos, incluirían de acuerdo a testimonios recogidos, allanamientos sin orden judicial y seguimientos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado y personas vestidas de civil, llamadas intimidatorias y campañas públicas de estigmatización a través de la divulgación de panfletos con falsos perfiles personales y atribuyendo la comisión de actos delictivos.

Asimismo, según la información recibida, algunos periodistas habrían recibido amenazas y llamadas intimidatorias tras difundir información sobre el contexto político del país.

Igualmente, varios periodistas y medios de comunicación habrían sido víctimas de una campaña de intimidación a través de afiches en los que son acusados públicamente de ser “asesinos de la democracia y la verdad” serviles al gobierno o “incitadores de la violencia y el odio” pagados por la oposición.

Los hechos descritos vulneran el derecho a la honra y dignidad de quienes ejercen periodismo o defienden derechos humanos sin ningún tipo de sustento. Asimismo amenazan su integridad física y psicológica y generan un ambiente intimidatorio y amedrentador en el que se ven seriamente limitados los derechos a la reunión,  la libertad de expresión y asociación reconocidos por los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y que constituyen pilares básicos de la participación social en un estado democrático de derecho.

La labor de defensa de derechos humanos y el ejercicio del periodismo son esenciales para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el logro pleno del Estado de Derecho. La CIDH y la OACNUDH instan al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para impedir estos hechos y prevenir estos ataques, incluyendo la adopción de un discurso público que reconozca la importancia de la labor de defensores y periodistas y el desarrollo de investigaciones prontas, efectivas e imparciales que permitan la identificación de los responsables y su sanción como medidas efectivas de no repetición.

La CIDH y la OACNUDH recuerdan igualmente la necesidad de dotar de los recursos adecuados al Mecanismo Nacional de Protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia para que pueda reforzar el apoyo que presta a los defensores en forma proporcionada a los riesgos que en cada momento puedan existir para el desarrollo de actividades de defensoría.

En este marco, la CIDH y la OACNUDH instan al Estado a implementar políticas y prácticas dirigidas a transparentar los criterios de inclusión, evaluación del riesgo y protección del Mecanismo Nacional de Protección, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.