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Con gritos de “Berta no murió, Berta se hizo millones”, decenas de indígenas y simpatizantes de Berta Cáceres celebraron a las puertas de la Corte Suprema de Justicia de la capital hondureña la condena contra Roberto David Castillo Mejía como coautor del homicidio de la ambientalista en marzo de 2016.
Después de dos meses del inicio del juicio oral y público, finalmente este lunes tal y como estaba previsto, se dio a conocer el fallo condenatorio para Castillo.
El Tribunal consideró que la extracción y vaciado de información en dispositivos celulares del imputado y otros involucrados, fue lo suficientemente reveladora para establecer que Castillo Mejía ordenó la muerte de la líder ambientalista como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque.
En ese sentido, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) demostró la responsabilidad del presidente de DESA en el crimen de la ambientalista al lograr concatenar el cruce de mensajes y llamadas entre David Castillo y Douglas Geovanny Bustillo (condenado) y a su vez este con otros hechores también ya condenados.
La defensa: “mentiras y manipulaciones”
Minutos después de conocer la resolución, la defensa de Castillo emitió un comunicado y aseguró que en el proceso prevalecieron ‘mentiras y manipulaciones probatorias’.
Cuestionan que en su caso se ha violentado el debido proceso A través del escrito, también afirmaron que buscarán acudir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de casación, esperando que se ‘reconocerán las irregularidades cometidas en el debate del juicio oral’.
Los apoderados legales de Castillo también advirtieron que de no hallar respaldo en las instancias nacionales, acudirán a las internacionales y denunciaron que hubo ingerencia de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que según ellos, promueven una agenda política.
‘Confiamos en que, en otras instancias, sean nacionales o internacionales, lograremos que la verdad prevalezca sobre las mentiras y las manipulaciones probatorias usadas por el Ministerio Público y las acusaciones privadas en un proceso construido a partir de conductas delictivas disfrazadas de investigaciones’, reza el comunicado.
La ambientalista Berta Cáceres fue asesinada el 03 de marzo de 2016 en su casa de habitación ubicada en la residencial El Líbano de la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, occidente del país.
Familiares de la ambientalista, que además era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), siempre sostuvieron que Berta fue asesinada por oponerse al proyecto hidroeléctrico a cargo de la empresa (DESA).
El Poder Judicial programó para el 03 de agosto del presente año la individualización de la pena.
