CNA presenta recurso de inconstitucionalidad contra nuevo Código Penal

Caso “Arca Abierta”: Auto de formal procesamiento a 9 imputados

Al finalizar la audiencia Inicial para los 20 imputados acusados del delito de malversación de caudales públicos, el juez dictó sobreseimiento definitivo para 5 sindicados, sobreseimiento provisional para 6 y contra 9 señalados dictó auto de formal procesamiento.

El sobreseimiento definitivo fue dictado a favor de: Ana Lucía Castro, Arnold Gustavo Castro, Estela Muñoz, Yajaira Talbbott e Indira Osorio Reyes.

Se dictó sobreseimiento provisional para; Óscar Álvarez Guerrero, Audelia Rodríguez, Hernán Vindel Mourra, Juan Carlos Valenzuela, Iveth Navas Suazo y Carlos Bonilla.

Mientras que el auto de formal procesamiento se puntualizó contra; Gustavo Pérez, Milton Puerto, Welsy Vásquez, Gladis Aurora López, Fabricio Puerto y José Alejandro López.

El Juez de Letras modificó el delito de malversación de caudales Públicos al de Fraude contra Geovanny Castellanos Deras, Gregorio Gonzáles Rivera y Allan San Martín Vallejo.

La causa fue presentada por la Fiscalía por el manejo de 21 millones 100 mil lempiras, provenientes de la Secretaria de Finanzas y del Congreso Nacional que habrían sido utilizados para fines personales y no para labores de beneficio social.

Según el ente acusador, diputados actuales y exparlamentarios, solicitaron fondos a las instituciones estatales  para ser utilizados a través de la Organización No Gubernamental, Planeta Verde y llevar actividades que mejorarían las condiciones de vida en diferentes municipios del país.

Durante el desarrollo de la Audiencia Inicial, los fiscales presentaron medios de prueba documental, testifical y pericia financiera, todo encaminado a ratificar lo imputado en el Requerimiento Fiscal.

Por tal motivo, los acusadores solicitaron en la etapa de conclusiones, se dictara un Auto de Formal Procesamiento con Medidas Cautelares para 18 imputados, como no salir del país, presentar una garantía hipotecaria y presentación ante el juez, también solicitaron se dictara Prisión Preventiva para los miembros de la ONG.

Por su parte las defensa técnicas de los sindicados, mostraron evidencias que el juez deberá analizar para desvirtuar la acusación en favor de sus representados, entre ellas oficios de gastos, liquidaciones de actividades, escrituras públicas y fotografías de los lugares donde se habrían suscitado las labores.

Fue así que, las apoderados legales demandaron al Juez de Letras Designado se les dictara a los involucrados un Sobreseimiento Definitivo y de no ser así, se les mantuviera las Medidas Cautelares actuales, es decir no tener que presentar fianza.

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