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Cada 20 horas una mujer está en riesgo o es víctima de desplazamiento forzado en Honduras, por la violencia que azota a este país centroamericano, de acuerdo a las denuncias atendidas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), durante el año 2021.
En ese año, este ente estatal atendió 917 casos de desplazamiento forzado de personas, de los cuales 280 fueron presentadas por mujeres que aseguraron estar en riesgo mientras que, otras 157 afirmaron ser víctimas de desplazamiento forzado, para totalizar 437 quejas que representan el 48%.
Entre los hallazgos se destaca que, 16 de los 18 departamentos del país han sido escenario de hechos violentos que pusieron en riesgo o motivaron el desplazamiento forzado de mujeres. Francisco Morazán, en la zona central de Honduras, con 157 casos; Cortés, en el norte del país, con 81 casos y Choluteca, en la región sur, con 52 quejas, que representan, entre los 3 departamentos, el 67% de los casos.
Alrededor del 51% de las mujeres denunciaron ser víctimas de amenazas, un 7% por extorsión, el 5% por violencia doméstica, mientras que, el porcentaje restante, incluye otras modalidades de delitos.
El informe revela que el 94% de las mujeres afectadas son económicamente activas y sus edades oscilan entre los 15 y los 39 años.
También se señala que el 50% de las mujeres, en riesgo o víctimas de desplazamiento, son solteras, el 18% en unión libre, un 7% viudas, el 2% divorciadas y un 1% separadas de sus parejas.
Entre los principales agresores figuran personas desconocidas con un 37%, maras y pandillas el 20%, en un 10% de los casos el principal responsable es su pareja y en un 15% los responsables son personas conocidas para las víctimas.
De acuerdo a las denuncias atendidas por el CONADEH, 4 de cada diez mujeres afectadas son amas de casa, y sus riesgos están asociados a que, algunas residen en comunidades controladas por grupos criminales y, por otro, porque son madres que actúan en defensa de sus hijos y otros familiares, ante las amenazas que pueda provocarles daño.
La afectación directa o indirecta de violencia contra las mujeres, se traduce en huir de su lugar de residencia como mecanismo para salvaguardar su integridad física y la vida, propia y de sus familiares.
También la violencia doméstica e intrafamiliar orilla a las mujeres a huir de sus lugares de residencia habitual.
Otro factor que influye es la falta de justicia y de protección en el país, por lo que se ven obligadas a cruzar la frontera para salvaguardar su vida y la de sus hijos.
La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre expresó que el desplazamiento forzado interno, en Honduras, es una realidad poco visible, pero de gran impacto para miles de personas que se han visto obligadas a abandonar su domicilio.
Entre las causas relacionadas con el desplazamiento forzado de mujeres mencionó las amenazas, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como los homicidios contra miembros de su familia, la extorsión, la violencia doméstica, el despojo de tierras y de su vivienda, entre otras.
Entre los años 2016 y el 2021, el CONADEH atendió 5,081 quejas vinculadas al desplazamiento forzado de personas, de las cuales, en 3,056 las personas estaban en riesgo y 2,025 en situación de desplazamiento.
De acuerdo a las quejas atendidas durante ese periodo (2016 – 2021) el número de personas afectadas ascendió a 12,067 de las cuales, 6482 (54%) estaban en riesgo y en condición de desplazado 5,555 (46%).
El Estado de Honduras reconoció el desplazamiento forzado desde el 2013, sin embargo, en la actualidad no se cuenta con una política pública o una Ley de Protección para las Personas afectadas por el desplazamiento forzado, pese a que un reporte de tendencias globales del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), revela que Honduras se encuentra entre los 10 países con mayor cantidad de solicitantes de refugio en el mundo.
Se estima que, en promedio, Honduras registra la muerte violenta de una mujer cada día, cuyos crímenes se mantienen impunes, en más del 95% de los casos, por la indiferencia y tolerancia de las autoridades encargadas de la seguridad y de la investigación en el país.
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