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Por medio de la reforma de una ley, que tendrá como finalidad excarcelar a personas privadas de libertad que adolecen enfermedades en su etapa terminal, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), buscan regresar a sus hogares a estos internos y que permanezcan bajo el cuidado de sus familias.
En una reunión con representantes de los Juzgados de Ejecución y Defensa Publica, la abogada Rosa Irene Gudiel Ardón, directora del INP informó que actualmente trabaja en conjunto con diputados del Congreso Nacional para reformar la Ley Especial para Personas Privadas de Libertad con Enfermedades en Fase Terminal y Enfermedades Degenerativas del Sistema Nervioso.
Con la reforma a esta ley, aprobada en mayo de 2007, se beneficiaría a todas las personas que se encuentran privadas de libertad y que padecen distintas enfermedades, “buscamos que estas personas puedan cumplir su condena en su casa, con sus familiares”, comento Gudiel.
Además, esta medida permitirá reducir la situación de hacinamiento pero también que ellos puedan tener derecho a su beneficio que les confiere la ley, que es el derecho a la justicia y pueda definirse su condición jurídica (en el caso de los procesados).
Trabajo
La funcionaria indicó, que en conjunto con Medicina Forense se harán gestiones para evaluar a los privados de libertad que permanecen en el hospitalito de la Penitenciaria Nacional de Támara, Francisco Morazán y privados a nivel nacional que adolecen de otras enfermedades crónicas.
Reveló, que las medidas que se tomaran en beneficio de las personas privadas de libertad, son resultado de las reuniones sostenidas con los encargados de Coordinación de Gobierno, la presidencia del Poder Judicial y otras reuniones que se han tenido con operadores de justicia de la Costa Norte.
Sostuvo, que dichas reuniones tienen como finalidad mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad y que puedan tener derecho a sus beneficios y que sus casos sean ventilados lo más pronto posible para que puedan tener una condición jurisdiccional resuelta, ya sea que queden absueltos o condenados.
En el caso de obtener una sentencia condenatoria, asegurar que ellos vayan cumpliendo la misma y puedan ser rehabilitados por las unidades del Instituto Nacional Penitenciario y, al momento de recuperar su libertad sean personas útiles para la sociedad, que tengan capacidades para desempeñar distintos trabajos.
Para conocer la condición jurídica de la población carcelaria, la excoordinadora de los Juzgados de Ejecución recomendó reanudar la Auditoria Penitenciaria, aunque reconoció que el Poder Judicial “ya está trabajando en lo referente a la mora judicial en donde se ha podido percibir que muchos privados de libertad no se les ha definido su condición jurídica y otros que ya tienen derecho al beneficio que le confiere la ley”.
La directora del INP indicó, que todas estas medidas tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, en especial a los que adolecen enfermedades en su etapa terminal, para que ellos puedan convivir con sus familiares.
Otra de las iniciativas de las autoridades penitenciarias, es la construcción de un pabellón hospitalario en el cual se atienda a las personas con discapacidad psico-social (enfermos mentales) para que reciban una atención personalizada ya que tendrían a médicos especialistas para el seguimiento de sus casos.
