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TEGUCIGALPA.Miles de millones de lempiras en pérdidas que continúan en aumento y beneficios convertidos en leyes para favorecer a generadores de energía revela una auditoría social realizada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Los hallazgos de dicha auditoría fueron presentados este martes por el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras ante organismos multilaterales, cooperación internacional, tomadores de decisiones y medios de comunicación.
La evaluación efectuada mediante revisión documental en línea de portales del Estado o información publicada en las redes, solicitud de información y entrevistas con actores claves, se basa en tres áreas principales: pérdidas totales y por circuito, contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH) y contratos de generación eléctrica.
Entre los resultados se evidencia que entre 1998 y 2018, Honduras registró pérdidas por USD 3,379,221,325.00, lo que equivale al 14.06% del Producto Interno Bruto (PIB) y lo convierte en el país de Centro y Latinoamérica con mayores pérdidas eléctricas.
De los circuitos de distribución, 18 presentaron las cifras más elevadas en 2019. El análisis detalla que con las pérdidas de apenas uno de estos circuitos, el de Santa Lucía en Choluteca, el Estado podría haber contratado a 643 médicos, 1,800 enfermeras o enfermeros o 1,800 maestros.
Comparado con la asignación presupuestaria en áreas esenciales para el desarrollo, se estima que las pérdidas eléctricas del país son semejantes al presupuesto de la Secretaría de Educación (USD 1.2 mil millones), el doble del presupuesto de la Secretaría de Salud (USD 597 millones) y casi cinco veces el presupuesto de la Secretaría de Seguridad (USD 266 millones).
Si se mide en megavatios, las pérdidas de Honduras son cuatro veces más altas que las de Costa Rica o El Salvador.
Pérdidas en aumento
Para controlar las millonarias pérdidas, el Gobierno contrató en 2016 a EEH, empresa a la cual paga L 3,150 millones al año; sin embargo, en los últimos tres años, las pérdidas eléctricas registraron un incremento, al igual que las quejas por mal servicio y cobros excesivos.
El principal objetivo de esta contratación, realizada mediante un Fideicomiso de 30 años con Banco Ficohsa, era reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, disminuir la mora en la recaudación, facturación y otros, así como mejorar la calidad de servicio técnico y comercial a los clientes.
De acuerdo al contrato, con duración de siete años, EEH principalmente debió reducir las pérdidas e invertir cada año ciertos montos. No obstante, solo ha invertido el 20% de lo planificado y las pérdidas subieron a 28%, porcentaje muy similar al que recibió cuando se le entregó el contrato. Hace cuatro años, las pérdidas eran de L 8 mil millones anuales, actualmente alcanzan aproximadamente L 12 mil millones. Este dinero podría ser utilizado por el Gobierno para invertir y garantizar el derecho a la salud y educación de los hondureños.
Pese al gran impacto de las falencias en perjuicio de la población, no hay registro de aplicación de sanciones a EEH por incumplimiento por parte de la SAPP.
Sin embargo, el Estado también incumplió. Según la auditoría de la ASJ, debió contratar a una empresa para elaborar un estudio de Valor Agregado de Distribución (VAD), pero tres años después no lo ha hecho. Además, cambió en forma unilateral el honorario fijo de EEH sin contar con el estudio VAD y no ha pagado a los subcontratistas ni las inversiones a su cargo, según contrato, por lo que se expone a una posible demanda de más de USD 300 millones.
Contratos con cláusulas abusivas
Por otra parte, la auditoría a una muestra de 12 de los 74 contratos de generación de energía revela condiciones abusivas y dañinas contra el Estado, con modificaciones legales aprobadas por el CN -y otras en los contratos- en beneficio de las empresas generadoras de energía.
En 2013 se cambió la ley para permitir que, por 10 años, las generadoras de energía renovable pudieran acceder a un incentivo de pago por potencia por brindar servicio en cualquier momento, aunque generalmente no cuentan con la capacidad de proporcionarlo. Esto derivó en un pago de casi USD 109 millones a las empresas eólicas y solares, aunque no brindan ese servicio.
Las empresas generadoras también han tenido otros beneficios desde 2006, como exoneraciones de impuestos de ventas, rentas, aranceles de importación de mercancías y activo neto, los cuales abarcaron contratos firmados antes de esta fecha. Además de los beneficios otorgados desde 2006 y reformados en 2013, recientemente el Poder Legislativo aprobó una nueva exoneración de impuestos a las generadoras de energía mediante el impuesto de importación de combustible, favoreciendo nuevamente a este sector.
Aunque la ley establece un beneficio por 10 años, en 2008 se firmó contrato otorgando un incentivo de pago por potencia por 15 años a Eólica de Honduras S. A. (EEHSA), con un costo para el Estado de USD 2.4 millones. En principio, el Estado adeuda a EEHSA aproximadamente USD 48 millones por concepto de pago por potencia, aunque no brinda dicho servicio.
En el mismo año, la ENEE contrató a VETASA-MELECSA para reparar una planta preexistente propiedad del Estado, construir un nuevo proyecto y obtener licencias ambientales y pólizas, entre otros. Diez años después, el proyecto sigue abandonado y, aun así, VETASA ha interpuesto un segundo reclamo de pago por L 74 millones, aunque ha incumplido el contrato en varios aspectos.
Otro ejemplo de los cambios favorables a las generadoras es el de Laeisz Honduras, empresa que participó en un proceso competitivo y fue adjudicada en 2018, con una oferta de generación mediante diésel pero que en el contrato (que no fue aprobado por el CN) se modificó posteriormente a búnker, sin afectar los condiciones o precio acordado, pese a que el búnker es más económico y más perjudicial para el ambiente que el diésel.
Condiciones abusivas también fueron encontradas en un contrato de 2011 a favor del consorcio Portable Hidro Power (PHP) junto con la ENEE, modificado para darle prioridad al generador privado, pese a que la ley establece que primero se debe pagar a una planta de energía del Estado. Cabe señalar que PHP es una planta cercana a la estatal El Níspero, que afecta su producción y obliga a la contratación privada de la energía que no produce. Esta energía podría ser generada por El Níspero en forma más barata, teniendo un impacto a favor de los hondureños.
Por lo anterior y en vista del grave perjuicio contra la población hondureña, la ASJ recomienda al Estado asignar el manejo de la ENEE a expertos (no por políticos) y con base en resultados, hacer públicas todas las decisiones adoptadas por dicha empresa e implementar sistemas de veeduría social, adjudicar todos los contratos mediante licitaciones internacionales dirigidas por expertos y cumpliendo estándares internacionales, deducir responsabilidades a funcionarios y empresarios que han suscritos estas condiciones y cancelar los contratos amañados.
