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TEGUCIGALPA. El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), lleva a cabo este martes el aseguramiento de bienes y congelamiento de cuentas a los 38 involucrados en el caso Pandora, en ese contexto las sedes de los centenarios partidos Liberal y Nacional fueron intervenidas por agentes de investigación.
Las acciones de privación y aseguramiento incluyen 46 bienes inmuebles, nueve empresas mercantiles, seis vehículos, cuatro cuentas bancarias y dos certificados de depósito.
Todo lo anterior perteneciente a personas naturales o jurídicas que de manera directa o indirecta se beneficiaron de forma ilícita de dineros públicos procedentes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en lo que se conoce como “Caso Pandora”, esto con fundamento en la Ley de Privación de Dominio, en la cual se establece que se puede realizar la acción contra bienes equivalentes a los montos recibidos.
De la misma forma se procederá al aseguramiento de nueve empresas mercantiles, varias denominadas de “maletín”, las que por medio de las Fundaciones Di Batista y Todos Somos Honduras recibieron fondos del Estado sirviendo de vehículo para el destino ilegal de los mismos.
Bienes pasaran a la OABI
Sobre los bienes como casas o terrenos en total serán 46 los que pasarán a ser administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) en donde 13 de ellos fueron comprados con parte de los 282 millones de lempiras desviados del caso Pandora. A lo anterior se suman también cuatro cuentas bancarias y dos certificados de depósito que suman aproximadamente 13 millones de lempiras.
Agentes de la ATIC secuestran documentos en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y el Comité Central del Partido Nacional (CCPN). Ambos partidos políticos están involucrados en el desvío de fondos públicos en el sonado caso Pandora.
El pasado 23 de julio una juez de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de 38 personas entre políticos, empresarios y personas particulares, a quienes se les acusó entre otros delitos de fraude, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, asociación ilícita y lavado de activos.
La mayoría de los imputados se defienden en libertad luego de comparecer en audiencia inicial. Únicamente guardan prisión el exministro de la SAG, Jacobo Regalado, y tres imputados más.
