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Diversas diligencias investigativas efectúa la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) en el marco de las denuncias que de oficio dio apertura por las supuestas irregularidades cometidas a lo interno de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) y otras instituciones durante la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.
Actualmente, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en coordinación con la FETCCOP, trabaja tres líneas de investigación en torno a la compra de siete hospitales móviles en Turquía, la adquisición de equipo de protección personal y ventiladores mecánicos para pacientes con coronavirus y la contratación de consultorías y otros servicios.
En ese sentido, equipos de Fiscales y de Agentes desarrollan secuestros de documentos en INVEST-H, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Salud, por la investigación que se sigue contra Marco Antonio Bográn Corrales, quien debido a una incapacidad médica presentada por su defensa legal, no asistió a la citación del MP, por lo cual la misma se reprogramó para el próximo martes 7 de julio a las 8:30 de la mañana.
De igual forma, la FETCCOP y la ATIC desde el pasado 4 de abril mantienen activas tres líneas de investigación en las oficinas en Tegucigalpa de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), ante denuncia pública de supuestas irregularidades en las compras hechas por la crisis sanitaria del COVID-19.
También, en la Secretaría de Salud Pública se indaga sobre una compra de material y equipo de bioseguridad.
A esto se le suman, tres líneas de investigación que desde el pasado 1 de mayo ocupan la atención de la FETCCOP y la ATIC de la Regional de San Pedro Sula, en relación a la instalación y abandono de un hospital móvil en Villanueva, las donaciones del programa Honduras Solidaria a la Alcaldía de El Progreso y la compra de pruebas rápidas por parte de INVEST-H en la zona norte del país.
Asimismo, en La Ceiba, Fiscales Anticorrupción investigan desde el pasado 22 de mayo otro caso que se abrió de oficio por el supuesto mal uso de una donación de Corea de un lote de ventiladores mecánicos para pacientes con COVID-19 en el Hospital General Atlántida.
Se reitera que aun cuando existe una Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos de octubre de 2019 (Decreto legislativo No. 116-2019), en donde se establece que antes de una investigación debe existir un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Ministerio Público consideró oportuno adelantar el proceso investigativo, quedando a la espera que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva un recurso de inconstitucionalidad que desde octubre del 2019 se presentó por la Fiscalía para la Defensa de la Constitución en contra de la polémica Ley, para declararla inconstitucional, por considerar, entre otros aspectos, que violenta preceptos constitucionales al exceder su alcance y temporalidad a la validez del decreto que la contiene, además de remplazar la facultad que tiene el Poder Judicial de juzgar y le otorga esta facultad al TSC, frenando de esta manera atribuciones investigativas y avances en la lucha contra la corrupción.
