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La organización de sociedad civil señala que las acciones ambientales del Ejecutivo no corresponden con su discurso público y advierte que la impunidad, la débil institucionalidad y decisiones contradictorias están agravando la crisis ambiental que vive el país.
Según el análisis, Honduras ocupa actualmente el tercer lugar entre los países más vulnerables del mundo al cambio climático, y las señales de alerta se han multiplicado.
En 2024, se registraron 3,170 incendios forestales que consumieron casi 300 mil hectáreas de tierra, afectando especialmente a los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Gracias a Dios. Aunque el 77 % de estos incendios fue provocado por mano criminal, más del 90 % de los delitos ambientales terminan impunes, advierte ASJ.
Además, la organización señala que, pese a la inversión gubernamental de más de 3,100 millones de lempiras en programas de reforestación, Honduras pierde cada año unas 50 mil hectáreas de bosque, y los avances hacia la meta de restaurar 1.3 millones de hectáreas para 2030 están muy por debajo de lo esperado. Hasta 2024, solo se había alcanzado el 4.8 % del objetivo.
ASJ también señala retrasos en la Estrategia Cero Deforestación 2029, de la cual solo cinco de 18 acciones fueron cumplidas en su primer año, y menciona que decisiones como la propuesta gubernamental para construir una cárcel en una zona protegida dañan la confianza en las políticas ambientales del Estado.
En materia judicial, la situación tampoco mejora. De los 966 delitos ambientales denunciados en 2024, solo 56 concluyeron en sentencias, lo que refleja una impunidad del 94 %, según la organización.
Además, recuerda el asesinato del defensor ambiental Juan López, ocurrido en septiembre de 2024, cuyo caso sigue sin esclarecer del todo, ya que no se ha identificado a los autores intelectuales del crimen, de acuerdo con la OACNUDH.
ASJ concluye con un llamado al gobierno a fortalecer sus políticas de conservación y prevención, garantizar la participación activa de comunidades indígenas, afrodescendientes y sociedad civil, y proteger a quienes defienden los recursos naturales del país, asegurando una justicia ambiental efectiva.
