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TEGUCIGALPA. El Ministerio Público ha procedido este martes al aseguramiento de 31 bienes de un alto funcionario activo de la Policía Nacional ligado supuestamente al crimen organizado.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutaron allanamientos a tempranas horas de este día en Residencial El Doral y Villas Seran en San Pedro Sula, norte de Honduras.
De igual forma se reporta ya la captura de dos personas señaladas en este caso relacionada al lavado de activos.
Los capturados en la operación se trata de la agente activa Mileydi Moreno Dávila, en El Triunfo, Choluteca y la de un exsubcomisinado de la policía depurado de nombre, José Elías Bustillo Carías, en el departamento de La Paz.
Luego de la ejecución de orden de captura en contra del ex subcomisionado Bustillo Carías, autoridades realizaron inspección a la vivienda allanada en colonia El Verdún de La Paz.
Comisionado activo señalado
Según trasciende, el comisionado acusado sería Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, un activo de la Policía quien no justifica más de 17 millones de lempiras en su patrimonio.
De acuerdo a investigaciones sus riquezas no son congruente con el sueldo mensual devengado entre los años 2012 y 2017, que es de cincuenta y cinco mil trescientos noventa y cinco lempiras (55,395.21).
Cabe mencionar que dentro de ese requerimiento fiscal interpuesto por la UF–ADPOL figuran seis policías activos y tres que fueron depurados.
Los acusados son señalados por los delitos de asociación ilícita, cohecho y posibles sobornos.
El Ministerio Público en un comunicado menciona que entre los bienes asegurados al alto oficial y su núcleo familiar destacan siete viviendas, cuatro vehículos y el congelamiento de veinte cuentas bancarias.
Según la investigación dirigida técnica y jurídicamente por fiscales de la UF–ADPOL, entre los años 2012 y 2015 miembros de la policía asignados en Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como sobornos.
Estos cobros ilegales se intensificaron cuando el comisionado investigado y acusado fue nombrado como Jefe Departamental de la Policía en Choluteca, se indicó.
De acuerdo a la investigación los pagos se realizaban en efectivo y provenían del dinero que manejaban los ganaderos, mismo que se entregaba en los diferentes puntos de control, entre ellos: Pavana, El Triunfo, Namasigüe y en algunas ocasiones en las Instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (AGACH).
Para llevar a cabo estas acciones ilícitas se habría conformado una estructura criminal, de la que eran parte miembros de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) y de la Dirección de Servicios Especial de Investigación (DNSEI).
