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Luego del mundialmente desastroso 2020, ¡Annus horribilis!, es necesario encarar con aplomo las sombrías circunstancias con que nos recibe el 2021. Cifrar las esperanzas únicamente en el proceso electoral o, lo que es peor, ¡quedarnos de brazos cruzados a esperar que un milagro transforme el estropicio en ventura no solo es necio sino inútil!
Este año 2021 que recién inicia tiene un profundo contenido simbólico: en septiembre se cumplirán 200 años de la Declaración de Independencia de las provincias centroamericanas y, más allá de la discusión de si somos o no independientes o de lo mal que lo hemos hecho en los últimos dos siglos y a despecho de la gravísima situación que enluta al país, debería ser un acicate para iniciar un cambio. Un aniversario, sea de lo que sea, siempre es un buen momento para hacer una pausa, reflexionar, pero, sobre todo, enderezar lo que está torcido y hacer las cosas de otra forma.
En mi artículo anterior propuse tres factores que deberían ser considerados prioritarios para comenzar a empujar un verdadero cambio social y que pudieran empezar a definirse en 2021, ellos son: Adecentar la administración pública, fortalecer las reglas de la democracia y construir organizaciones ciudadanas que controles de forma eficaz al estado.
Cuando hablo del necesario adecentamiento de la administración pública, lo hago con un profundo sentido weberiano, institucionalista; es decir, reformar de manera profunda la estructura de la burocracia y generar instrumentos adecuados para el control de la corrupción. Sin estos elementos seguiremos igual que hasta ahora.
De acuerdo al Presupuesto que se aprobó en el Congreso Nacional en diciembre pasado, se espera que los hondureños paguemos 85 mil millones de lempiras en impuestos; de ello, 48 mil millones serán destinados al pago de salarios y 42 mil millones se destinarán al servicio de la deuda pública. Es decir, solo estos dos rubros suman una cantidad superior a lo que se recaudará. ¿De donde se sacará la plata para la reconstrucción del país? ¿Mas préstamos?, bueno, parece que esa es la esperanza.
Será necesario entonces hacer una total reingeniería a la estructura de las Secretarías de Estado y demás dependencias del ejecutivo, contratar al personal necesario en las mismas atendiendo criterios meritocráticos y dejar de lado el clientelismo. Esto eliminaría las duplicaciones de las que hablé en mi columna anterior y mejoraría la prestación de servicios. Un estudio realizado en 2013 por el BID, indicaba que con ello se podrían ahorrar unos 20 mil millones de lempiras por año.
Pero, una reforma tan profunda esta, no podría surgir de una iniciativa espontanea por parte de los políticos, ni del gobierno actual, ni de la oposición, (en realidad, ninguno de los tres factores que aquí planteo). Está bien claro que el erario, pero específicamente la planilla de empleados y funcionarios públicos, es el botín mas preciado de quienes aspiran a ganar las próximas elecciones; por ello, es necesario avanzar en los otros dos factores planteados.
El segundo de ellos es el necesario fortalecimiento de las reglas del modelo democrático hondureño. Cuando uno lee la intrincada legislación electoral, los vericuetos del proceso participativo del país y repasa la historia de las últimas once elecciones (1981-2017), entiende en buena medida por qué estamos como estamos.
Si no simplificamos la regla, pero, sobre todo, si no garantizamos la limpieza general del proceso electoral, estamos abocados a una crisis igual o mas profunda a la vivida entre diciembre de 2017 y enero de 2018, con el consabido efecto nocivo a la ya deteriorada economía e imagen del país.
Es evidente que el remedo de reforma a la ley que se hicieron el año pasado no evitarán la crisis en ciernes. Ya no habrá segunda vuelta, ni voto por distrito (lo que habría sido positivo), tampoco tendremos un censo electoral saneado y el control sobre la proveniencia de los fondos para campañas políticas es espurio. Ante un panorama como este ¿Qué podríamos hacer?
Propongo que, para el proceso 2021 se establezca un mecanismo ciudadano para vigilar el proceso de votación en las mesas electorales; que no sean representantes nombrados por los partidos políticos, sino personas elegidas al azar y que cumplan requisitos de honestidad probada.
Debe, además, establecerse un procedimiento estandarizado y transparente de conteo; que se conozca de primera mano y públicamente el resultado de cada mesa y que se encargue a comités ciudadanos, no políticos, la vigilancia de las actas y urnas selladas después del conteo.
También debe definirse un compromiso serio para hacer una revisión exhaustiva del modelo electoral a partir de enero de 2022 y no esperar hasta que esté cerca el próximo proceso para hacer cambios de última hora.
El tercer elemento es, a mi juicio, el mas importante de todos y debemos aprovechar este año para echarlo a andar. Es la estructuración de un mecanismo participativo que le de suficiente poder de vigilancia a la ciudadanía. Hablaré de él en la próxima y última entrega de esta columna.
