Esta semana, en el Congreso Nacional, se dio un paso significativo: fue aprobada una reforma que corrige un tecnicismo legal que había frenado la ejecución del proyecto de mejora al sistema de agua potable en este municipio. La reforma fue presentada por el diputado Ronald Panchame, quien ha impulsado una nueva vía para destrabar el proceso y permitir que el municipio pueda gestionar un préstamo con la banca privada por 50 millones de lempiras.
Dicho préstamo, aún pendiente de aprobación en tercer debate, busca financiar una obra que durante años ha sido considerada prioritaria por los pobladores de la zona, pero que no había podido concretarse por trabas legales y falta de voluntad administrativa.
“Informé al Municipio de la Villa de San Antonio que en 2024 presenté un proyecto de ley para que se habilite al municipio a buscar con la banca privada un préstamo de 50 millones, para el proyecto soñado de agua potable”, declaró el diputado Ronald Panchame.
“Ese proyecto ya había sido aprobado, pero llevaba un tecnicismo que impedía su avance. Ayer lo reformamos y la reforma fue aprobada. Ahora queda listo para avanzar al tercer debate”, añadió.
Durante años, esta comunidad ha tenido que normalizar lo inaceptable: que no tener agua potable sea parte del día a día. El propio hecho de que la gente celebre “tener agua”, aunque no sea de calidad, revela el nivel de abandono al que ha estado sometido este municipio. Lo más doloroso es que muchas de esas promesas incumplidas salieron de las mismas autoridades locales, de representantes municipales que cada período electoral prometían que ahora sí, el agua llegaría.
Hoy, aunque el proyecto aún espera su aprobación final, lo cierto es que, por primera vez, hay una ruta legal y concreta para que la ciudad deje de vivir como si estuviera olvidada en otra época.
SÉPALO
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 20% de los hogares en zonas rurales de Honduras no cuenta con acceso formal a agua potable, y muchas ciudades intermedias aún dependen de sistemas ineficientes, construidos hace décadas. En la Villa de San Antonio, con una población estimada de más de 22 mil habitantes, ha enfrentado este reto durante generaciones.
