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Honduras debe legislar para prevenir el desplazamiento interno, un fenómeno que tiene “múltiples causas” y ha forzado a 250.000 personas a abandonar sus hogares en los últimos años, a las que hay que proteger, señaló la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El proyecto de Ley para prevenir, atender y proteger a las personas desplazadas internamente fue presentado en marzo de 2019 por la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia en Honduras, sin que hasta ahora siquiera se llegue a discutir.
Nueve años después de reconocer el desplazamiento forzado, en 2013, Honduras no ha resuelto el problema ni ha logrado un mecanismo de asistencia a las personas desplazadas por la violencia.
El marco legal de la ley busca “generar una respuesta concreta” frente al desplazamiento forzado en el país centroamericano.
Una ley para proteger a las personas desplazadas “es útil para todos los hondureños, una discusión de desplazados no es solamente el problema de los desplazados, porque en términos de impacto de la violencia cualquier persona puede ser afectada”, dijo a el representante de Ancur en Honduras, Andrés Celis.
Se deben “mejorar las condiciones para que las personas que se ven afectadas por la violencia cuenten con una mejor respuesta de parte del Estado”, agregó.
Destacó la importancia de que la Ley de Desplazamiento “sea consistente” en las causas y el impacto del fenómeno en Honduras, donde el principal detonante es la violencia.
Más del 77 % de los desplazados internos permanece en el mismo lugar de origen, lo que hace “menos visible el desplazamiento masivo”, comentó.
La ausencia de esa ley, agregó, forma parte de un “círculo vicioso” que no ha permitido que las instituciones encargadas de dar respuesta “tomen ese liderazgo, pero sobre todo que no asignen los recursos suficientes para atender a los desplazados y construir esos programas que permitan resolver sus problemas”.
El representante de Acnur espera que esa normativa, al romper ese círculo vicioso, “clarifique competencias” de las instituciones estatales y exija la asignación de recursos para dar un seguimiento a los casos de desplazados.
El objetivo de la ley es “resolver unos problemas no resueltos”, como el despojo de sus viviendas o tierras abandonadas ante los vacíos que tiene el país en cuanto a darles respuestas, explicó.
Se deben “mejorar las condiciones para que las personas que se ven afectadas por la violencia cuenten con una mejor respuesta de parte del Estado”, añadió Celis.
Aseguró que una sociedad “no es sostenible, si un sector de esta es afectado por la violencia ante el silencio y la falta de respuesta del Estado y la ausencia de solidaridad de los ciudadanos”.
Para conocer la realidad sobre el desplazamiento forzado, Honduras requiere “cifras más fuertes” y “actualizadas”, dijo Celis, quien afirmó que la violencia tiene “un impacto desproporcionado” en los niños y jóvenes.
Muchos de los desplazados son menores de edad, mujeres y personas que trabajan de manera informal, y según el representante de Acnur, están huyendo por extorsión y el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes.
