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El juez del Juzgado de Letras en Materia de Corrupción confirmó en su resolución de audiencia preliminar el auto de apertura a juicio para el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Jesús Arturo Mejía, y del exdirector del Fondo Social Desarrollo Eléctrico (Fosode), Mario Ricardo Cardona Flores, por suponerlos responsables de violación a los deberes de los funcionarios.
De acuerdo a la acusación por parte de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), Regional Comayagua, se les procesó a los exfuncionarios por no seguir requisitos legales en un proyecto de electrificación para la comunidad de El Rodeo, Intibucá, el cual no fue ejecutado, pese a que se retiraron los materiales en el año 2017.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, explicó que “se ha señalado a las partes para que, en el término de cinco días hábiles a partir de la notificación realizada ayer, para que puedan personarse al Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, para continuar con las etapas previas al juicio oral y público”.
Relacionado con este caso, la Fetccop también presentó antejuicio en contra del regidor municipal de Intibucá, Selvin Sadi Márquez Euceda, por suponerlo responsable del delito de malversación de caudales públicos, el cual fue declarado “con lugar”, ya que según investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el 17 de noviembre del año 2017 el regidor en mención, retiró del almacén central de la estatal eléctrica los materiales que según la solicitud estaban destinados para la electrificación de dicha comunidad y mediante inspección realizada el 05 de abril de 2021 se constató que el proyecto no se ejecutó, causando un perjuicio de 722 mil 083 lempiras con 55 centavos, al Estado, ya que se desconoce el destino de los materiales.
En este expediente, tanto el exgerente de la ENEE como el director de Fosode, en 2017, se supone habrían incurrido en violación de los deberes de los funcionarios al omitir algunos lineamientos de verificación de proyectos.
Para esta causa, los fiscales contra la corrupción de Comayagua cuentan con 50 medios de prueba para ir a juicio oral y público
