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Un periodista y su padre fueron asesinados este lunes en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras.
La víctima es Edwin José Andino Canaca, reportero y productor del canal LTV, quien recibió varios impactos de bala en la Colonia Villa Franca en la capital.
Vecinos relatan que escucharon una ráfaga de disparos y a alguien que pedía ayuda, pero nadie tuvo el valor de salir a su rescate.
Mientras que autoridades policiales hallaron el cuerpo del padre de Andino en otro sector de la ciudad.
Vestidos de militares
En horas de la mañana, individuos con uniforme similar a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), llegaron a la residencia del comunicador social en la colonia Villafranca ingresaron a la misma para sacar de dicha casa al periodista y a su padre para después quitarles la vida haciendo uso de armas de fuego.
Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional se maneja la hipótesis que el hecho es producto de una planificación del crimen organizado y no de la delincuencia común, debido a que los delincuentes planificaron la hora de la llegada, llevaban el tape destinado para taparles la boca, ya sabían por dónde ingresar a la casa y utilizaron vestimenta e indumentaria militar.
La Policía Nacional siguiendo las instrucciones precisas del Ministro de Seguridad asignó este caso a dos equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), para esclarecer el caso y dar con el paradero de los culpables de este doble crimen.
Impunidad
Amenazas, atentados, extorsiones, desplazamiento forzado y crímenes impunes convierten el ejercicio del periodismo en una “profesión de alto riesgo” para quienes lo ejercen según la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre.
Las autoridades encargadas de la seguridad, en el país, están en la obligación de intensificar los esfuerzos para investigar y someter a la justicia a los responsables de cada uno de los asesinatos, ya que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y terminar con este capítulo de impunidad, expresó.
Desde octubre de 2001 a la fecha, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) registró 92 muertes violentas de periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y propietarios de medios, con un nivel de impunidad que sobrepasa el 91% de los casos.
La primera sentencia contra un implicado en la muerte de un periodista se registró el 11 de septiembre de 2012, luego que un tribunal de sentencia del país condenara al responsable de la muerte del periodista Georgino Orellana. El condenado se habría fugado de la Penitenciaría Nacional de Tamara el 19 de junio de 2014.
Hasta ahora los tribunales de justicia hondureño emitieron ocho sentencias para condenar a los responsables de las muertes de ocho personas vinculadas a los medios de comunicación. Aún se mantienen impunes 84 casos.
Amenazas y muertes violentas continúan en el 2022
En agosto del 2016, el CONADEH, con la asistencia técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) creó la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI), con el objetivo de monitorear, de manera permanente, el fenómeno de desplazamiento forzado interno, a nivel nacional
La UDFI atendió, entre el 2016 y abril del 2022, alrededor de 67 casos de periodistas, de los cuales, 51 están en riesgo de desplazamiento y, al menos, 16 víctimas del desplazamiento forzado interno.
Entre los 67 profesionales de la comunicación en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado interno figuran 20 mujeres y 47 hombres.
En el 81% de los casos el principal motivo del desplazamiento son las amenazas y en un menor porcentaje la causa es la tentativa de homicidio, la extorsión, lesiones y la violencia familiar.
Entre los principales agresores figuran policías, mareros, bandas criminales, vecinos, operadores de justicia y en, por lo menos, 28 casos, se desconocen a los responsables.
