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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras se encuentra alarmada por la condena emitida el 7 de junio por la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia contra Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La Oficina expresa su grave preocupación por el fallo condenatorio emitido por el delito de usurpación, considerando que en reiteradas ocasiones, la Oficina ha señalado públicamente y “en nuestra interlocución con operadores de justicia que la utilización de este tipo penal en contextos de criminalización de la protesta social presenta graves problemas a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos”.
El pronunciamiento indica que “esta práctica es una restricción excesiva al ejercicio legítimo de la libertad de reunión y libertad de expresión, sobre todo considerando que los propios tribunales hondureños en la interpretación y aplicación de este tipo penal han señalado que su configuración requiere la intencionalidad del autor de apropiarse del lugar, es decir, permanecer en él con la intención de incorporar dicho inmueble o espacio público a su peculio o patrimonio personal”.
Consternación
De igual manera, la Oficina ha observado que “este tipo penal está siendo utilizado de manera reiterada en procesos penales incoados particularmente contra defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, garífunas y campesinos, alentando su criminalización y enjuiciamiento”.
En el marco de nuestro mandato de monitoreo y observación, “deseamos expresar nuestra firme preocupación por el no cumplimiento del acuerdo firmado el 20 de julio de 2016 entre las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y los representantes de los estudiantes universitarios agrupados en el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) para poner fin a la crisis de ese entonces, y en cuya celebración firmaron como testigos de honor la OACNUDH Honduras y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)”, señala el documento.
Además agrega que en lo particular, la Oficina se encuentra “extremadamente consternada de que no se haya cumplido el segundo punto del acuerdo en donde se establece que “las autoridades de la UNAH se comprometen a personarse ante los órganos jurisdiccionales competentes para solicitar que se le ponga fin o se extinga la acción penal promovida en contra de todos los estudiantes universitarios”.
