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El ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, denunció la malversación de más de 95,000 millones de lempiras de cuatro fideicomisos que se utilizaron hasta para pagar tarjetas de crédito.
El funcionario detalló que los cuatro fideicomisos que administraron fondos de forma ir regularon son el de la Tasa de Seguridad, Instituto de la Propiedad, Vida Mejor e Invest-H.
El desvío de fondos habría ocurrido entre 2012 y 2023, explicó el funcionario.
IP
En el caso del Instituto de la Propiedad (IP), administrado de manera informal por el diputado Jorga Cálix, Ochoa lo calificó como “El principal símbolo de corrupción público-privada creada por el régimen”, Ochoa denunció que los fondos fueron utilizados como una hacienda particular, violando la Constitución, ley orgánica del presupuesto y ley de contratación del Estado.
Indicó que se dilapidaron, entre 2015 y 2022, alrededor de 19 mil millones de lempiras. “En este fideicomiso, entre otros proyectos, se creó la unidad especializada ejecutará de proyectos del IP que promovió la construcción de casas chatarras en el ya conocido corrupto proyecto Morazán, como las casa contenedores en Lomas del Diamante en un terreno en disputa”.
Tasa de Seguridad
En relación al fideicomiso de la tasa de seguridad, expresó que “fue administrado por representantes del Consejo Hondureños de la Empresa Privada COHEP, del Foro Nacional de Convergencia FONAC y un representante de la Presidencia de la República, ejecutó alrededor de 30 mil millones de lempiras entre el 2012 y 2022 de forma secreta sin ningún control institucional y al margen de la ley de contratación del Estado”.
Indicó que en el proceso de revisión se encontraron “130 contratos sobrevalorados, sin liquidación o ejecutados fuera de la naturaleza del fideicomiso, entre los que se incluyen la compra del avión presidencial, alquileres de helicópteros, compra de 4 mil vehículos de patrullas, compras de cámaras de seguridad y escáneres en los aeropuertos, boletos para conciertos, bebidas alcohólicas y viajes por turismo”, explicó el funcionario.
Además, del pago de una tarjeta de crédito asignada al “director del fideicomiso cuyo monto total aun no contamos con documentación o liquidación, pero si está plenamente probado que el límite uso mensual era de 50 mil dólares”.
El sistema Nacional de Emergencia 911, financiado al igual por la tasa de seguridad adjudicó un contrato de cámaras de seguridad por más de 4 mil millones de lempiras y transcendieron dos periodos de gobierno sin ser aprobados por el Congreso Nacional, además de los fondos provenientes de este fideicomiso”.
SITEC
“Este constituye el principal símbolo de corrupción publico privada dentro de esta modalidad, creada para administrar los fondos públicos como si fuesen hacienda particular, saqueando el erario público y violando impunemente la Constitución de la República, la ley orgánica del presupuesto y la ley de contratación del Estado”, enfatizó el funcionario.
En este fideicomiso, entre otros proyectos que sirvieron para drenar fondos del erario público, se creó la Unidad Especializada Ejecutora de Proyectos (UEEP) dentro del IP, que promovió la construcción de casas chatarra en el ya conocido corrupto «Proyecto Morazán», como las casas contenedoras en Lomas del Diamante, en un terreno en disputa.
Con este fideicomiso se “dilapidaron alrededor de 19 mil millones de lempiras, «por iniciativa de la presidenta Xiomara Castro, el Congreso Nacional liquidó este fideicomiso. Sin embargo desacatando el mandato, durante la administración del abogado Darío García, quien asumió la secretaría Ejecutiva del IP a partir del 2022, y sin contar con su consejo directivo, quienes no reportaron a la SEFIN más de tres mil millones de lempiras de Proyectos (UCP) del IP”, explicó el ministro.
Enfatizó que este fideicomiso fue creado con la finalidad de «»lograr la transformación digital del Instituto de la Propiedad, incluyendo el mantenimiento al Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP), suministro de placas vehiculares y la digitalización del registro de la propiedad vehicular, pero contrario su finalidad, fue desviado a través de ONG y empresas constructoras contratadas para financiar obras sociales, compras de estufas, insumos para salones de belleza, freidoras, máquinas para asar pollos, pavimentación de calles, canchas deportivas y viviendas sin ningún procedimiento de transparencia”.
Vida Mejor
Constituido en una cuenta especial del Banco Central de Honduras (BCH), ejecutó entre 2014 y 2022, más de 38 mil 500 millones de lempiras monto que se origina en el decreto legislativo que aumentó el impuesto sobre ventas del 12% al 15%, violentando el principio constitucional que prohíbe la creación de impuestos dedicados a fines específicos, y desconociendo la Caja Única del Tesoro (CUT).
“Los fondos de este fideicomiso fueron transferidos a más de quinientas ONG, Ia mayoría de sospechoso origen y manejo, vinculadas a directivos y funcionarios del régimen post-golpe de Estado”, exteriorizó Ochoa.
INVEST-H
Este fideicomiso ejecutó entre 2018 y 2022 más de 8 mil 500 millones de lempiras provenientes de los impuestos a los combustibles, utilizando la figura del fideicomiso se cometió el fraude de la compra de los hospitales móviles chatarra por más de 1,100 millones de lempiras sin estar legítimamente autorizado por la Constitución de la República y la ley orgánica de presupuesto para endeudarse a nombre del Estado de Honduras y el fideicomiso contrajo deuda pública por casi 3 millones de lempiras.
expuso que la documentación de respaldo de gran parte de los gastos erogados «fue destruida y los servidores en que se alojaba la información fueron borrados».
